Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

6.3. Recomendaciones específicas o de corto plazo: dar cumplimiento a las tutelas
285. La Corte Constitucional calificó a los centros de reclusión como un “estado de cosas
inconstitucional” por las violaciones de los derechos humanos comprobadas, notificó a los
poderes públicos al respecto y dio un plazo para el cambio de dicha situación (sentencia T-153
de 1998). En otra tutela (sentencia T-487 de 2000) estableció que las detenciones en
estaciones policiales también configuraban violación de derechos humanos, dando diez días
para el traslado de todas las personas y previniendo que no se repitiera dicha situación.
286. Esta Misión –y creemos que también la ciudadanía y los poderes públicos– no puede
ignorar la fuerza de dichas calificaciones ni puede obviar las consecuencias. El Estado no debe
mantener presas a las personas bajo condiciones que constituyen tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Dado que esta Misión ha observado que dicha situación continúa, no puede
dejarla pasar sin recomendar una salida radical: O cesa la violación o cesa la privación de la
libertad bajo tales condiciones.
287. Recomendamos la organización, con esfuerzos interinstitucionales, de una Campaña por
el cumplimiento de las tutelas. Ello implica un conjunto de acciones que debería
implementarse con urgencia y en forma coordinada. Supone la concertación de voluntades y
una amplia campaña de sensibilización social sobre el tema para contrarrestar la posible
contra-campaña que se desate por un temor conservador. Esta campaña estaría destinada a
cumplir las disposiciones de las tutelas T-153 de 1998 (estado de cosas inconstitucional) y T-
487 (estaciones policiales). En el camino, se debería promover mecanismos que remedien de
modo estructural los problemas carcelarios, pues si no, en pocos meses las prisiones estarán
llenas de gente otra vez. Recordamos que la sentencia T-153 de 1998 está dirigida a todos los
poderes públicos y, en particular, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, por lo
cual debería haber interés institucional en realizar esta campaña. La Defensoría del Pueblo
podría jugar un liderazgo importante dada su tarea de proteger los derechos de la población
presa y de la ciudadanía en general.
Objetivo
288. La Campaña tendría como objetivo que, sin tener que esperar grandes reformas
normativas, se dé inmediato cumplimiento a las tutelas: dar libertad inmediata a todas las
personas en condiciones de obtenerla y promover, por diferentes medios, la libertad de las
personas sindicadas que están en los establecimientos penales en condiciones que la Corte
Constitucional califica como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al salir todas esas
personas, se podría dar mejores condiciones a quienes quedan: condenados y algunos
sindicados, y se facilitaría la separación de las persona sindicadas de las condenadas y la
aplicación del sistema progresivo. Tal deshacinamiento permitiría el traslado de todos los
condenados que se encuentran en las estaciones policiales. Y debería ponerse en libertad a los
sindicados que se encuentran bajo condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes en
las estaciones policiales y establecimientos de reclusión.
289. No se debería temer que con esas medidas se afecte la seguridad ciudadana, pues no se
busca facilitar la salida de los “narcotraficantes” o “delincuentes poderosos”, quienes gozan de
buenas condiciones en las cárceles. La idea es que puedan salir sobre todo aquellos sindicados
pobres, que por su condición carencial han sido capturados por el sistema y no han tenido
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