Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

penales organizados desde la perspectiva de la protección de bienes jurídicos, como derechos
humanos y el derecho internacional humanitario.
Ultima ratio
187. En un modelo de Estado de Derecho, la privación de la libertad individual, en tanto
restricción de una condición humana esencial, sólo debe operar como ultima ratio. Es decir,
cuando luego de ensayarse políticas sociales para encarar los problemas socioeconómicos y
políticos, así como controles y mecanismos de solución de conflictos en el plano no punitivo
(administrativo, civil, familiar, laboral), no queda otra alternativa de control para garantizar la
seguridad y protección de bienes jurídicos relevantes. Por el contrario, una política social que
abandona su papel, para descargar los problemas sociales en la política criminal, sanciona a
los mismos a su irresolución. De otra parte, una política criminal centrada en la punición y la
privación de la libertad confina, junto con los problemas, a las personas, imposibilitando de
facto que la sociedad y los individuos puedan encontrar soluciones reales a los problemas.
Derechos humanos y reducción de violencia
188. La legitimidad del recurso a la privación de la libertad supone que la violencia que ejerce
el Estado al utilizar dicha medida, en todo caso, debe ser inferior a la que pretende prevenir y,
en ningún caso, debe ser generadora de mayor violenc ia o afectación de bienes jurídicos
relevantes 95 . Un Estado de derecho no debe sacrificar los derechos humanos por otros bienes
jurídicos. Por el contrario, debe fundar la organización política y el funcionamiento de sus
instituciones en el respeto de los mismos. Y no hay bien jurídico que justifique, en ningún
caso y bajo ninguna circunstancia, la existencia de servidumbre, esclavitud, tortura, tratos
crueles inhumanos o degradantes.
Legalidad y excepcionalidad
189. La privación de la libertad, al ser una medida extrema de ejercicio de la coerción por
parte del Estado, no debe ser utilizada de modo general, sino excepcionalmente, y bajo los
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Así, la restricción del
derecho a la libertad individual debe estar estrictamente regulada por ley (principio de
legalidad) 96 , cuando tenga que efectuarse debe ser por orden judicial (reserva judicial) o bajo
su control inmediato (artículo 28 de la Constitución) y la prolongación de la misma no puede
vulnerar otros derechos constitucionales so pena de devenir ilegítima e ilegal (artículo 353 del
CPP). La privación de libertad está proscrita en tanto signifique esclavitud, servidumbre,
tortura, o trato inhumano y humillante.
resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas
de derecho internacional adoptadas”. Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 1996.
95 "(...) La violencia de las penas –jurídicamente hablando– sólo quedará legitimada en tanto en cuanto prevenga
la mayor violencia que producirían los delitos que en su ausencia se cometerían". Luigi Ferrajolli, "La legalidad
violenta", En: Cuadernos de Política Criminal, n.º 41, 1990, pág. 305.
96 Artículo 6 del CP.
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