Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

(...)” 146 . Esta decisión es discutible pues puede amparar situaciones inconstitucionales que
desvirtúan el sentido de la prisión. Lo que no es discutible es que el Estado colombiano
proscribe, sin excepción ni justificación alguna, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Cuando las condiciones de arresto o prolongación del mismo cons tituyen una
violación de las garantías constitucionales, el artículo 353 del CPP es expreso en indicar que
cabe la libertad inmediata de la persona por la autoridad que la tiene a su cargo. Del mismo
modo, el artículo 387 del CPP sanciona la improcedencia de medidas restrictivas de la libertad
a personas capturadas con violación de las garantías constitucionales, mientras no se restauren
las garantías quebrantadas. Aún en el caso de que la detención tenga un origen legal, ésta no se
debe prolongar en condic iones de violación de derechos humanos, pues convierten a la
detención en ilegítima e ilegal.
231. La Corte Constitucional ha dejado claro que en los centros de reclusión y las estaciones
policiales no sólo no se cumple la ley en general, sino que las condiciones particulares de
detención constituyen una violación del derecho a la dignidad humana y configuran tratos
crueles, inhumanos y degradantes. Frente a tal evento, sólo cabe el cese de las violaciones o la
liberación de quienes sufren las mismas, pues un Estado que se proclame de derecho no puede
admitir, bajo ninguna circunstancia, la tortura ni los tratos crueles, inhumanos y degradantes,
sin tener que responder por ello ante la comunidad internacional.
232. La Defensoría del Pueblo ha presentado una iniciativa de ley “por medio de la cual se
reglamenta la acción constitucional y el derecho fundamental del habeas corpus ” incluyendo
la figura del habeas corpus correctivo para evitar o corregir el agravamiento inconstitucional
o ilegal de la forma y las condiciones de reclusión, ampliando las posibilidades de control de
las mismas 147 . Esta es una iniciativa que esta Misión saluda y respalda.
Defensa
233. La vulneración de derechos de las personas privadas de libertad evidencia la falta del
ejercicio del derecho de defensa. En efecto, al ser la mayoría de personas presas de situación
social precaria, se vuelven clientes automáticas de la defensa de oficio –que es prácticamente
inoperante– o de la defensa pública, la cual es aún insuficiente.
234. A la fecha, los defensores públicos están en un número insuficiente y no logran cubrir
todo el territorio nacional. La ley ordena que en cada municipio haya por lo menos un
defensor (artículo 2º de la Ley 270), existiendo un déficit del 25%. Los defensores tiene n
sobrecarga de procesos (85 casos como promedio) 148 . Los defensores trabajan por contrato,
146 Corte Suprema de Justicia, Expediente de Casación 9993, Bogotá, agosto de 1998, citado en Mauricio
Martínez, “Otra vez las mismas cárceles. Análisis del proyecto de Código Penitenciario y Carcelario”, en
Ministerio de Justicia y del Derecho y Universidad Nacional de Colombia , Foro sobre la reforma integral al
sistema penal , Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 1999, pág. 95. El autor hace una crítica de esta posición
de la Corte Suprema de Justicia.
147 Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Proyecto de ley estatutaria, Bogotá, octubre de 2001.
148 Entre enero y octubre de 2000, la Defensoría Pública contrató a 515 abogados en todo el país, quienes tenían
que encargarse de 39.972 procesos, con un promedio de 85 casos por defensor público. No obstante la sobrecarga
de labor, su lealtad al cliente es mucho mayor que la de los abogados de oficio y los de confianza. La sobrecarga
de casos hace que los defensores tengan una actitud reactiva, en el sentido de que su intervención responde a
solicitudes de los presos o sus familiares y no tanto a iniciativa suya. Véase OACNUDH-Defensoría del Pueblo,
ob. cit., pp. 70-73. Esta Misión observó que en los pabellones donde los presos no tienen mayor movilidad
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