Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

250. Urge el diseño de una política articulada y democrática que encare la prevención social
de la violencia, la promoción de medios alternativos de resolución de conflictos, el respeto de
la jurisdicción especial indígena, la justicia de paz y comunitaria, y una política criminal de
ultima ratio, garantista y eficiente.
5.2. Sobre los órganos de control y protección
251. La Contraloría General de la Nación tiene informes de auditoría muy claros y
contundentes sobre las sistemáticas irregularidades legales, administrativas, contables,
financieras y técnicas del INPEC, que redundan en la pésima situación carcelaria 151 . Entre
todas, cabe destacar algunas: contrataciones con proveedores de alimentos respecto de los
cuales hay quejas que datan de varios años, sin que hasta el momento se investigue alguna;
presupuestos para salud sin utilizar; irregularidades legales, administrativas y financieras en
las contrataciones de obras públicas (contratos para construcciones como si fueran obras
nuevas, tratándose de obras inconclusas que ya deberían haberse terminado); convenios
millonarios con “Renacimiento S.A.”, entre 1997 y 1999, para efectos de poner en marcha
proyectos ocupacionales y productivos, sin resultado favorable alguno y sin pronunciamiento
al respecto; despilfarro de recursos en estudios y diseños que no se ejecutan por cambios de
criterios o que quedan a medias; falta de planeación que ha ocasionado problemas con
contratistas; y adjudicaciones de contratos de obra pública de modo directo, sin invitación
pública, aprovechando la declaratoria de emergencia carcelaria. En atención a todas las
irregularidades encontradas, la Contraloría concluye que la cuenta rendida no fenece. No
obstante la claridad y contundencia del informe, la Contraloría no ha utilizado sus atribuciones
sancionadoras contra los responsables de manera que la situación continúa igual.
252. El Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene función de tutela respecto del INPEC,
tampoco ha establecido responsabilidades ni ha dictado políticas para que se den cambios
sustantivos. No obstante, le retiró al INPEC las atribuciones que tenía en materia de
construcciones y se las otorgó al Fondo de Infraestructura Carcelaria (FIC), entidad cuyo
propósito principal es la construcción y reparación de la infraestructura carcelaria y que
depende directamente del Ministerio de Justicia y del Derecho. De otra parte, ha intervenido
también de manera directa en la política y el diseño de gestión de penitenciarías de alta
seguridad como la penitenciaría Nacional de Valledupar, el pabellón de alta seguridad de la
penitenciaría central de Colombia-La Picota, y otros proyectos que ya se están construyendo, a
partir del Convenio de mejoramiento del sistema penitenciario suscrito con la Embajada de los
Estados Unidos de Norteamérica en Colombia.
253. La Procuraduría General de la Nación así como la Fiscalía General de la Nación han
mostrado, igualmente, una actitud pasiva frente a los graves hechos de corrupción consignados
en el informe de la Contraloría arriba mencionado. Ninguna de estas instancias ordenó la
apertura de investigación alguna.
254. De otra parte, la Procuraduría General de la Nación fue compelida por la Corte
Constitucional a hacer una investigación para exigir, en caso de haber lugar, la responsabilidad
de los funcionarios implicados en la irregular detención de personas sindicadas y condenadas
151 Ibídem.
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