Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

91. La Misión confirmó asimismo, en casi todos los centros carcelarios y penitenciarios
visitados, la existencia de notables ejemplos de violación del principio de igualdad ante la ley,
situación que parece ser prevalente en el sistema de administración de justicia de Colombia,
incluyendo el sistema carcelario y penitenciario: pocas personas privadas de libertad pueden
pagar lo necesario para llegar a vivir en condiciones de verdadero privilegio, las cuales
contrastan de manera dramática y ofensiva con las sufridas por la inmensa mayoría que carece
de tales recursos. Esta constatación, obvia en la mayoría de las cárceles y penitenciarías del
país, pone en evidencia una situación de corrupción y tráfico de influencias entre las
autoridades carcelarias y penitenciarias.
7. El derecho a defender los derechos
92. La Misión notó que a pesar de una sentencia de la Corte Constitucional que tutela el
derecho de las personas privadas de libertad a defender los derechos consagrados en la ley 42 ,
mediante la cual esa corporación declaró un estado de cosas inconstitucional por la falta de
protección de defensores de derechos humanos en centros carcelarios y penitenciarios y
procedió a hacer un llamado a prevención a las autoridades de la República, dicha situación
perdura en los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país.
93. La Misión comprobó que las comisiones de derechos humanos y sus integrantes padecen
con frecuenc ia estigmatización, persecución e, incluso, ataques por parte de las autoridades
carcelarias y penitenciarias. Por ejemplo, en la cárcel del Distrito Judicial de Cali-
Villahermosa, varios miembros de la comisión de derechos humanos de los internos,
incluye ndo su presidente, sufrieron amenazas por sus actividades, seguidas por brutales
golpizas por parte de la guardia durante las requisas efectuadas en ese establecimiento el día
18 de septiembre de 2001, tras lo cual fueron recluidos en celdas de aislamiento durante varios
días, sin que se les brindara la adecuada atención médica. A pesar de las denuncias presentadas
oportuna y fundamentadamente ante las autoridades, ningún funcionario ha sido sancionado ni
penal ni administrativamente por estos hechos.
94. La Misión tomó nota asimismo de las restricciones y dificultades sufridas por
organizaciones de derechos humanos para el ingreso a los centros carcelarios y penitenciarios
a fin de desarrollar sus tareas de promoción y defensa de los derechos humanos a favor de las
personas privadas de libertad.
7.1. Recomendaciones
95. El Estado colombiano deberá garantizar, en conformidad con la sentencia T-590 de 1998
de la Corte Constitucional, la plena y efectiva protección de la labor y seguridad de personas
privadas de libertad defensoras de derechos humanos, como así también deberá garantizar,
proteger y facilitar las labores de todos los defensores de derechos humanos, incluyendo
quienes laboran en el ámbito penitenciario y carcelario, de acuerdo a lo estipulado en la
Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos “Declaración sobre Defensores” (Resolución 53/144 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas).
42 Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.
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