Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

especto, como se desprende de la tutela T-214 de 1997 73 . No obstante, la administración
carcelaria y penitenciaria continúa obstaculizando a los indígenas la práctica de sus derechos
culturales. Un caso paradigmático es el de los indígenas presos en la cárcel del Distrito
Judicial de Leticia (Amazonas) a quienes la administración carcelaria y penitenciaria les ha
negado reiteradamente la posibilidad de ejercer dichos derechos 74 . Hay muchos indígenas
presos alejados de su familia y su grupo cultural, dando lugar a su desarraigo cultural y
deterioro. Un ejemplo es el de algunos indígenas presos en Cali cuyo proceso penal y cuyas
familias se encuentran en Amazonas.
Sobre los derechos a la educación, al trabajo y a la salud
115. Los indígenas suelen recibir condenas largas y muchos carecen de instrucción suficiente.
Sin embargo, la administración penitenciaria hace poco por facilitar medios de educación y
trabajo a los indígenas 75 , a fin de que puedan redimir su pena y contar con elementos
formativos útiles. La mayoría carece de trabajo o educación como fuente de redención, ingreso
y formación. Igualmente, muchos tienen fuertes afecciones de salud que no son atendidas. La
administración penitenciaria, además, es reticente para facilitar la práctica de la medicina
tradicional como consta en la tutela T-214 de 1997 contra el Director del INPEC.
3. Conclusiones: responsabilidades institucionales
116. Hay responsabilidad de la jurisdicción ordinaria (fiscales y jueces) por la falta de respeto
de la jurisdicción especial. La Fiscalía General de la Nación no debe abrir sumario respecto de
indígenas cuyo caso compete a la jurisdicción especial y menos ordenar detención, cuyo efecto
pernicioso es indeleble. Tampoco los jueces deberían, bajo responsabilidad, juzgar ni
sentenciar a indígenas cuyo juzgamiento corresponde a la jurisdicción indígena.
73 Corte Constitucional, Sentencia T-214 de 1997, M.P. Alejandro Martínez (acción de tutela contra el Director
General del INPEC). “[...] como se trata de una persona que supera la edad de la vida probable, que culturalmente
ha pertenecido a una etnia y que tiene una enfermedad terminal (cáncer), el traslado hacia el sitio donde están los
suyos es una razonable petición que ha debido ser estudiada por el INPEC; y como hubo desprecio por esos
planteamientos, se deduce que se afectó la dignidad del recluso, porque ni siquiera se examinó la factibilidad, en
el caso concreto, de ir a morir cerca a su familia y a su tribu, de respetársele su condición de minoría y de
aceptársele que el libre desarrollo de su personalidad le permite rechazar la medicina que se le ofrece y, en su
lugar, proponer que para mitigar la enfermedad y llegar digna y autónomamente a sus últimas días de vida esté
recibiendo la medicina alternativa de su entorno cultural cerca a comunidad indígena de los Yaguas. [...] la
autoridad está obligada de manera preferencial, a ponderar si las circunstancias son ciertas y hacen aconsejable el
traslado. La crítica surge cuando planteadas por el recluso, el INPEC ni siquiera las estudia; en esta circunstancia
(estando de por medio los últimos días de vida de un ser humano) la violación no solamente es del derecho de
petición sino del derecho a la dignidad, a la autonomía y a la diversidad étnica y cultural”.
74 Los indígenas presos en la cárcel de Amazonas han solicitado en reiteradas oportunidades que se les permita
tener un espacio para poder realizar sus ritos, con presencia de un chamán, durante horas especiales para no ser
molestados por los otros presos, incluso aceptando la vigilancia de la guardia. También solicitaron autorización
para ingresar los productos necesarios para la práctica de dichos rituales, la aplicación de su medicina y la
preparación de su propia alimentación. Estos pedidos han sido negados sistemáticamente por la administración
carcelaria y penitenciaria. Carta de los presos al Director de la cárcel de Distrito Judicial de Leticia (Amazonas),
Leticia, 29 de diciembre de 2000, firmada por Carlos Rodríguez Palleo, interno representante del Comité de
asuntos indígenas, y siete (7) internos sabedores líderes de las etnias Matapi, Karihona, Uitotos y Yucuna en
representación de 43 indígenas.
75 Como ejemplo, de los más de 30 indígenas pres os en Cali, menos de la mitad se encontraba redimiendo pena
por trabajo durante la visita de la Misión y sólo dos lo hacían por estudio. Las solicitudes de trabajo y estudio en
este penal, como en otros, tardan muchos meses en ser respondidas.
35