Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

jueces continúen incumpliendo su obligación legal de visitar los centros de reclusión y
verificar el lugar y las condiciones de detención.
224. Administración penitenciaria. Finalmente, el Estado a través del Ministerio de Justicia y
del Derecho y la Dirección General del INPEC tiene responsabilidad por la instrumentación de
una política de facto y una gestión penitenciaria que no se condicen con el respeto de las
garantías constitucionales y los derechos humanos. Hay grave responsabilidad del Ministerio
de Justicia y del Derecho y del INPEC por una gestión que da lugar a condiciones carcelarias
que la Corte Constitucional califica como tratos crueles, inhumanos y degradantes. La falta de
recursos no es justificación suficiente del mal manejo carcelario pues según informes de la
Contraloría General de la República 150 , hay irregularidades administrativas y financieras serias
y reiteradas durante años.
247. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC también son responsables por no
acatar las sentencias de la Corte Constitucional y, por el contrario, tratar de encubrir dichos
incumplimientos. Ilustra tal responsabilidad, la conducta seguida por el Ministerio de Justicia
y del Derecho y por el INPEC en el caso de las personas sindicadas y condenadas detenidas en
estaciones policiales, en el que hay una sentencia de la Corte Constitucional ordenado el cese
de tal situación: en vez de solucionar el problema, han borrado a dicha población de las
estadísticas oficiales de la población carcelaria y penitenciaria nacional, como si de ese modo
pudieran desaparecer de la realidad. Este encubrimiento del problema influye negativamente
en la planificación de reducción de hacinamiento, pues hay una población de
aproximadamente 5.000 personas que no está siendo considerada en dicha planificación.
248. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, no obstante los serios problemas de
hacinamiento y violación de los derechos humanos en cárceles y penitenciarías, en vez de
facilitar las condiciones para que la población penitenciaria pueda salir más rápidamente en
libertad en condiciones de reinserción social (con trabajo y estudio), son responsables por una
política que redunda en la restricción de beneficios. El Ministerio de Justicia y del Derecho y
el INPEC, actuando como instancia legisladora, han incrementado los requisitos (algunos
abiertamente inconstitucionales) para la obtención de beneficios, dando lugar en la práctica a
un incumplimiento de los objetivos de la ley. De otra parte, no dan ninguna prioridad a las
posibilidades de trabajo y estudio imposibilitando que las personas puedan redimir su pena y
salir más pronto en libertad.
249. Evaluación. Todo este recrudecimiento de la actitud punitiva del Estado, al haberse
dirigido preferentemente a la llamada criminalidad tradicional (hurto, “viciosos”, microcomercialización),
no se ha traducido sin embargo en una reducción de las situaciones de
mayor afectación social como las muertes y secuestros (que se incrementan cada día), la
corrupción organizada y la violencia por parte de los grupos armados ilegales. Ni siquiera
respecto de los hechos que reprime, el Estado ha podido reducir la criminalidad patrimonial
(asociada a la pobreza, que se agudiza con el encarcelamiento), el narcotráfico (cuya paradoja
consiste justamente en ser un negocio que se funda en el hecho de su ilegalidad) y las
contravenciones convertidas en delito como el abandono familiar (que también se incrementa
con el encarcelamiento, pues priva totalmente a los padres de posibilidades efectivas de
trabajo y manutención de su prole), entre otros fenómenos.
150 Contraloría General de la República, Auditoría gubernamental con enfoque integral-Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario-INPEC, 1999, CGR-CDJDS n.º 006, Bogotá, junio de 2000.
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