Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

en las estaciones policiales. La Procuraduría hizo caso omiso de tal orden: las estaciones
policiales siguen hacinadas de personas sindicadas y condenadas que el INPEC,
irregularmente, sigue enviando a dichos lugares.
255. La Corte Constitucional de Colombia ha jugado un importantísimo papel en la concesión
de tutelas, sentando una línea jurisprudencial de defensa de la constitucionalidad y de los
derechos humanos. Ello ha respaldado enormemente el esfuerzo de las organizaciones de
personas privadas de libertad, así como de entes estatales y no gubernamentales
comprometidos en el tema. Sin embargo, el mecanismo para hacer cumplir la tutela no parece
suficientemente idóneo.
256. De otra parte, la Defensoría del Pueblo ha librado una lucha tenaz de defensa de los
derechos constitucionales mediante la interposición de acciones de tutela, de
inconstitucionalidad y de cumplimiento, y emitiendo resoluciones 152 sobre la situación
carcelaria. Las personas privadas de la libertad saben realmente que cuentan en la Defensoría
con un defensor de sus derechos.
6. Recomendaciones
6.1. Sobre política criminal y penitenciaria
Diseño concertado y democrático de políticas sociales de prevención de la violencia y manejo
pacífico del conflicto
257. Diseño concertado y democrático, con amplia convocatoria social y política, de políticas
públicas dirigidas al encaramiento social y político de los problemas nacionales, la prevención
social de la violencia, la promoción de medios alternativos de resolución de conflictos, el
respeto y fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, la expansión de la justicia de paz
y comunitaria, y la institucionalización de una política criminal de ultima ratio, garantista y
eficiente.
258. Fortalecimiento de los mecanismos consensuales, democráticos y alternativos de
resolución de conflictos, a todo nivel (negociación, conciliación, mediación, arbitraje), justicia
de paz y justicia comunitaria.
259. Fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena 153 . Desarrollo de mecanismos de
coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena para los casos “frontera”.
Incorporación de la perspectiva pluricultural en el diseño de las políticas sociales y la política
criminal. Consulta previa con los pueblos indígenas antes de emitir normas o realizar actos
administrativos que puedan afectarlos, relativos a la política criminal y penitenciaria.
152 Resolución n.º 5 del 15 de febrero de 2001 (sobre la permanencia de sindicados en la Penitenciaría de
Valledupar) y resolución n.º 21 del 12 de abril de 2002 (sobre la muerte del interno Luis Fernando Preciado
Osorio en la Penitenciaría de Valledupar). La segunda fue proferida después de realizada esta Misión.
153 Véanse las recomendaciones específicas sobre este punto en el capítulo 2 de este Informe .
69