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“La existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario “49. [...] Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Razón le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. “En efecto, tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se encuentra en los centros de reclusión; los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las categorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia requeridos; el derecho a la familia es quebrantado por la superpoblación carcelaria y las deficiencias administrativas, condiciones éstas que implican que los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo las visitas conyugales y familiares; el derecho a la salud se conculca dadas las carencias infraestructurales de las áreas sanitarias, la congestión carcelaria, la deficiencia de los servicios de agua y alcantarillado y la escasez de guardia para cumplir con las remisiones a los centros hospitalarios; los derechos al trabajo y a la educación son violados, como quiera que un altísimo porcentaje de los reclusos no obtiene oportunidades de trabajo o de educación y que el acceso a estos derechos está condicionado por la extorsión y la corrupción; el derecho a la presunción de inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados con los condenados y en que no se establecen condiciones especiales, más benévolas, para la reclusión de los primeros, etc. “[...] “61. Ante la gravedad de las omisiones imputables a distintas autoridades públicas, la Corte debe declarar que el estado de cosas que se presenta en las prisiones colombianas, descrito en esta sentencia, es inconstitucional y exige de las autoridades públicas el uso inmediato de sus facultades constitucionales, con el fin de remediar esta situación [...]”. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-153 de 28 de abril de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes (la negrilla no es del original) 2
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN SUMARIO Párrafos 1. Sobre la Misión Internacional y su mandato 1 - 12 2. Un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos 13 - 24 SEGUNDA PARTE: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN Capítulo I: Violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad 1. La población privada de libertad 25 - 32 2. Condiciones carcelarias 33 - 35 3. Los derechos a la vida, a la dignidad y a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 36 - 71 3.1. Conclusiones y recomendaciones 49 - 71 4. Derecho a la salud 72 - 83 4.1. Conclusiones y recomendaciones 79 - 83 5. Derecho a la educación y trabajo 84 - 89 5.1. Conclusiones y recomendaciones 86 - 89 6. Derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación 90 - 91 7. Derecho a defender los derechos 92 - 96 7.1. Recomendaciones 95 - 96 8. Conclusiones 97 - 99 Capítulo II: Un caso especial: indígenas y afrocolombianos 1. Marco de derechos de indígenas y afrocolombianos 100 - 103 2. Situación de indígenas y afrocolombianos privados de libertad 104 - 115 3. Conclusiones: responsabilidad institucional 116 - 127 4. Recomendaciones 128 - 178 4.1. Sobre el respeto de la jurisdicción especial 128 - 134 4.2. Derechos de los indígenas y las minorías étnicas ante la jurisdicción ordinaria 135 - 151 4.3. Derecho a medidas distintas al encarcelamiento 152 - 163 4.4. Derechos de indígenas y afrocolombianos en prisión 164 - 178 TERCERA PARTE: FACTORES QUE GENERAN EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL Y DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Capítulo III: Política penal y penitenciaria y la privación de libertad 1. Política penal y el derecho a la libertad individual: un marco ambivalente 179 - 195 2. El comportamiento institucionalidad: alta selectividad: 196 - 210 3. La administración penitenciaria 211 - 222 4. Recursos legales para la protección de derechos 223 - 234 4.1. Control de privación de la libertad 223 - 225 4.2. Control de las condiciones de detención 225 - 234 5. Conclusiones: responsabilidad institucional 235 - 256 5.1. Conclusiones y recomendaciones 235 - 250 5.2. Sobre los órganos de control y protección 251 - 256 6. Recomendaciones 257 - 300 6.1. Sobre política criminal y penitenciaria 257 - 277 6.2. Sobre los órganos de control y protección 278 - 284 6.3. Recomendaciones específicas o de corto plazo: dar cumplimiento a las tutelas 285 – 289 3
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