Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

Aplicación preferente de penas distintas al encarcelamiento, en el caso de que los
indígenas deban ser condenados (artículo 10, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT) 57 .
En caso de encarcelamiento de indígenas, se debe garantizar su permanencia en
establecimientos penitenciarios especiales (artículo 29 del Código Penitenciario y
Carcelario) 58 .
Condiciones carcelarias bajo respeto de la diversidad cultural, que permita la vivencia
de la propia cultura, idioma, religión (incluyendo el culto y la asistencia de chamanes o
guías espirituales propios), el acceso a y uso de la propia alimentación, vestido,
medicina tradicional; y cercanía a la familia y grupo étnico 59 .
2. Situación de indígenas y afrocolombianos privados de libertad
104. Según cifras del INPEC, a comienzos del 2001, había un total de 52.004 personas
privadas de libertad de las cuales aproximadamente 500 eran indígenas (494), es decir casi el
1% del total de personas encarceladas 60 . De acuerdo a lo observado directamente por la
Misión, dicha cifra supone un subregistro de las personas indígenas privadas de libertad 61 . De
otra parte, el INPEC no tiene un registro específico sobre los afrocolombianos, por lo cual
quedan invisibilizados, no obstante que hay población afrocolombiana privada de libertad no
sólo en las regiones donde comúnmente habitan, sino también en Bogotá y otras ciudades, en
cuyo caso se encuentran bajo condiciones de especial vulnerabilidad y discriminación 62 .
Sobre el derecho a la propia jurisdicción
105. Sobre el derecho a la propia jurisdicción. Dada la protección de la jurisdicción especial
indígena por la normativa constitucional e internacional, en tanto los hechos se hayan
realizado dentro del ámbito territorial indígena, constituye una violación de dicho derecho el
artículo 378 del nuevo Código Penal (Ley 599 del 2000) regula inconsulta y deficientemente este punto. “De los
indígenas. Cuando se tratare de indígenas inimputables por diversidad sociocultural se dispondrá como medida
de protección, si el perito oficial lo aconsejare, la reintegración provisional a su medio social”.
57 Convenio 169 de la OIT, artículo 10, inciso 1: “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la
legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas,
sociales y culturales”.
Artículo 10, inciso 2: “Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
58 Artículo 29 del Código Penitenciario y Carcelario: “Reclusión en casos especiales. Cuando el hecho punible
haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la
Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por
funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará a
cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. Esta situación se extiende a
los ex servidores públicos respectivos. (...)”. (La negrilla es nuestra).
59 Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia; artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y
artículo 43 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, Doc. E/5988, 1977).
60 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Población por procedencia, mimeo, Bogotá, enero de 2001. Las
cifras del INPEC no cubren el total de las personas privadas en libertad, pues no incluyen las que se encuentran
en estaciones policiales (aproximadamente unas 5.000 personas) ni en cárceles municipales.
61 El registro del INPEC no incluye a todos los indígenas presos, según lo comprobado en nuestras visitas a los
centros de reclusión. No obstante, dicha cifra constituye un porcentaje significativo teniendo en cuenta que los
indígenas representan un 2% del total nacional y tienen una jurisdicción especial.
62 En las visitas efectuadas por la Misión pudimos comprobar una alta presencia de población afrocolombiana en
Cali. En la cárcel del Distrito Judicial de Bogotá-La Modelo de Bogotá hay más de 30 presos de procedencia
afrocolombiana que ni siquiera tienen dónde dormir, encontrándose –como colectivo– en peores condiciones que
otros presos.
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