Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

Reconocimiento
11. La Misión agradece la colaboración de las autoridades colombianas, en particular de la
Defensoría del Pueblo, el interés de las personas privadas de libertad para expresar sus
problemas y la disposición de las diferentes organizaciones no gubernamentales y personas
entrevistadas, sin cuya valiosa colaboración no se hubiera podido realizar este Informe, pálido
reflejo de una realidad tan compleja y lacerante como la que representan las cárceles.
12. Nuestra “visita por el infierno” –como la calificara Eduardo Cifuentes, Defensor del
Pueblo– no hubiera sido posible sin el insustituible apoyo, acompañamiento y asesoría de
Patricia Ramos, Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del
Pueblo.
2. Un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de los derechos humanos
Patrón de violaciones graves y sistemáticas
13. La Misión constató la existencia de un patrón de violaciones graves, sistemáticas y
generalizadas de las obligaciones del Estado colombiano en materia de derechos humanos en
los establecimientos de reclusión y las salas de retenidos de las estaciones de policía del país.
Las condiciones de detención en las que se encuentra la gran mayoría de las personas privadas
de libertad en Colombia, así como el trato que reciben de autoridades judiciales, policiales y
penitenciarias constituyen flagrantes violaciones de sus derechos humanos.
Ingobernabilidad y violencia
14. La Misión constató asimismo una extendida situación de ingobernabilidad y violencia que
afecta a la mayoría de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, derivados de una
notable falta de capacidad de gestión de los limitados recursos financieros, logísticos y
humanos disponibles, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y del INPEC. A ello
se suma un alarmante nivel de corrupción e impunidad en el sistema penitenciario y
carcelario 2 . Si bien la Misión reconoce la existencia de algunas excepciones a esta regla,
especialmente a nivel de algunas reclusiones de mujeres 3 en las que la Misión observó
2 Véase Contraloría General de la República, Auditoría gubernamental con enfoque integral: Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario-INPEC, 1999, Bogotá, mimeo, junio de 2000. “Las graves irregularidades en la
gestión de recursos por parte del INPEC, que incluyen responsabilidad de parte del Ministerio de Justicia y del
Derecho, documentadas en dicho documento, han permanecido impunes hasta la fecha”. Afirmaciones del
Contralor General de la República a los delegados de la Misión, Bogotá, 18 de octubre de 2001.
3 Un buen ejemplo de ello es la reclusión de mujeres de Medellín-Buen Pastor. A pesar de las deficiencias
estructurales y limitaciones de recursos, el hacinamiento (478 privadas de libertad para un total de 315 plazas
disponibles) y el perfil potencialmente conflictivo de varias de las privadas de libertad en relación con el
conflicto arma do, esa prisión presenta un notable nivel de gobernabilidad y respeto de los derechos de la
población reclusa, incluyendo el acceso al trabajo, estudio y esparcimiento. La Misión constató durante la visita a
dicho centro, el día 11 de octubre de 2001, que ello se debe exclusivamente a la buena gestión de la actual
dirección de dicho centro.
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