Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

201. De otra parte, al ser la instancia de investigación la que tiene el poder jurisdiccional de
dictar medidas de aseguramiento, hay una afectación de las garantías de imparcialidad 111 . La
Fiscalía General de la Nación, al concentrar poderes investigativos y jurisdiccionales, sin
control por otra autoridad judicial, tiende a utilizar con demasiada facilidad el recurso a la
detención 112 . Esta concentración de funciones, además de afectar las garantías
constitucionales, dificulta la eficacia de las tareas investigativas de la misma Fiscalía.
202. De las ya estrechas alternativas legales para asegurar la consecución del proceso, los
fiscales seleccionan preferentemente como alternativa el encarcelamiento 113 .
Los contraefectos de la medida de aseguramiento
203. El sentido de la detención preventiva como medida de aseguramiento es garantizar la
concurrencia de la persona al proceso y la realización del juicio. Sin embargo, por las
condiciones carcelarias de escasez de personal de guardia y recursos para las remisiones
(vehículos, gasolina y pasajes), especialmente si la persona privada de libertad ha sido
trasladado a una ciudad diferente de aquella donde radica su proceso, la prisión se convierte en
una garantía de su inasistencia al juicio. Por ejemplo, el comandante del personal de custodia y
vigilancia de la cárcel de Distrito Judicial de Bogotá-La Modelo explicó a la Misión que cada
día recibe entre 50 y 60 solicitudes de remisión, pero sólo puede atender aproximadamente 30
remisiones entre judiciales y médicas, por falta de personal de guardia 114 . Esta realidad es una
constante en todas las cárceles visitadas y se agrava cuando la persona está en una ciudad y su
causa en otra 115 . Esto viola el derecho a una justicia pronta y cumplida y el derecho de
defensa. La privación de la libertad también reduce las posibilidades económicas para la
contratación de abogados y deteriora el respaldo social y familiar.
111 Directrices sobre la función de los fiscales aprobadas por el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre
Prevención del delito y tratamiento del delincuente, La Habana de 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990.
artículo 10: “El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones judiciales” (subrayado
nuestro).
112 Esta crítica ha sido bastante desarrollada por varios autores. Entre otros, véanse: Patricia Ramos, “Reflexiones
sobre la reforma al sistema penal colombiano”, en Su Defensor, periódico de la Defensoría del Pueblo, Año 6, n.º
53, Defensoría del Pueblo, Bogotá, octubre a diciembre de 1999; Rodrigo Uprimny, “El desafío de la reforma al
procedimiento penal: ¿ajustes puntuales o reestructuración integral de la Fiscalía y de la investigación criminal en
Colombia?”, en Ministerio de Justicia y del Derecho y Universidad Nacional de Colombia, Foro Reforma
Integral al Sistema Penal, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 1999, pp. 33-56; y Mauricio Rubio, ob. cit.
113 De una muestra de 331 casos llevados por la Defensoría Pública, en el 89% de los mismos la Fiscalía General
de la Nación ordenó medida de aseguramiento, mientras que sólo en el 11% decretó la libertad inmediata.
OACNUDH-Defensoría del Pueblo, ob. cit., pág. 334.
114 En la cárcel de Distrito Judicial de Bogotá-La Modelo, el día que fue visitada por esta Misión, había una
población total de 4.763 presos bajo la vigilancia de 366 guardias, quienes se dividían en dos turnos. Los
aproximadamente 180 guardias de turno se deben repartir entre la guardia externa, garitas, control de patios y
remisiones. Esta desproporción se da en casi todos los centros de reclusión.
115 Este problema se agrava en lugares como la penitenciaría de Valledupar donde supuestamente sólo debería
haber condenados sin proceso pendiente, pero no es así. El traslado de los presos con proceso pendiente debe ser
por vía aérea –dada la distancia del penal– y de modo individual (un preso con dos guardias por vuelo). De
Valledupar deben ser llevados a Bogotá para luego destinarlos al juzgado correspondiente. Según las denuncias
presentadas ante la Defensoría del Pueblo de Valledupar, varios presos han perdido reiteradamente sus audiencias
por falta de traslado.
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