Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

207. Bajo las condiciones de operatividad real de la detención preventiva, ella pierde sentido,
no sólo se vuelve innecesaria sino contraproducente para asegurar el juzgamiento y acaba
vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa, a un juicio justo y a la igualdad.
El juzgamiento y convalidación sumarial
208. Durante la etapa del juzgamiento, por lo general, la recepción de pruebas “judicializadas”
de la etapa sumarial (dadas las facultades jurisdiccionales de la Fiscalía) constituye una
convalidación de la misma. Aproximadamente el 90% de los casos que ingresan a juicio
reciben sentencia condenatoria. Ello muestra que la etapa judicial deviene una suerte de
convalidación de lo actuado en la etapa sumarial 119 . Hay muchas críticas al modelo semiinquisitivo
del procedimiento penal en tanto la Fiscalía tiene atribuciones judiciales y puede
emitir pruebas “judicializadas” durante la etapa de la investigación, por lo cual el juicio
propiamente no es el lugar privilegiado de formación de pruebas. Esto también incide en la
protección del derecho a la libertad.
Mora judicial y pena injusta o anticipada
209. Uno de los grandes problemas del proceso es la mora judicial, tiempo durante el cual se
prolonga la detención. En Colombia hay un aproximado del 38% de personas en condición de
sindicadas, a las que deben sumarse las personas condenadas en primera instancia (34%),
habiendo sólo un 27% de personas condenadas en segunda instancia 120 . Es decir, hay más de
dos tercios de personas que no tienen sentencia firme y se encuentran sufriendo una pena
injusta o, en el menor de los casos, anticipada. El promedio de años en tal condición puede ser
de tres años con tres meses 121 . Para que una sentencia esté firme no basta sin embargo la
condena en primera o segunda instancia sino además la emitida en casación por la Corte
Suprema de Justicia. Esta suele ser la fase de mayor mora judicial, pudiendo tardar entre tres y
siete años 122 . La tasa de personas que es condenada luego de un proceso suele alcanzar el 55%
del total de personas procesadas, a los que se suma un aproximado del 27% por terminación
anticipada de condena. Ello significa que un 20% de personas sufre pena injusta 123 .
119 Mauricio Rubio, ob. cit.
120 Véase Defensoría del Pueblo, Situación carcelaria y personas privadas de la libertad, documento de trabajo,
Bogotá, octubre de 2001. En las estadísticas que el INPEC ha empezado a hacer públicas este año ha fusionado
las cifras de condenados en primera instancia con condenados en segunda instancia, dando la imagen ficticia que
hay más condenados que sindicados. Así, en el consolidado de la población interna por delitos, al 30 de junio del
2001, indica que hay un total de 22.117 personas sindicadas y 32.334 personas condenadas. Sin embargo, en la
información local que esta Misión ha recibido en las regiones, cuando se discrimina condenados de primera y
segunda instancia, el número de personas sin sentencia firme es mucho mayor. Por ejemplo, en la regional
occidente del INPEC aparece un total de 3.183 personas sindicadas, 3.178 condenadas en primera instancia y sólo
2.148 condenados en segunda instancia, es decir, que el total de personas sin sentencia firme es de 6.361, i.e. tres
cuartos del total (sin contar las que tienen casación pendiente). Véase Oficina de Planeación del INPEC,
Población discriminada por regionales, Santiago de Cali, 22 de octubre de 2001.
121 Véase Defensoría del Pueblo, Situación carcelaria y personas privadas de la libertad, Bogotá, octubre de
2001 (Documento de trabajo) y Consejo Superior de la Judicatura, Tiempos procesales y opinión sobre el servicio
de justicia, CSM, Bogotá, diciembre de 1998.
122 Gran parte de las quejas recibidas por esta Misión de las personas privadas de libertad es la mora judicial,
especialmente en la resolución de una casación, que puede tardar cinco o siete años.
123 13% de personas son absueltas y en un 5% se declara cesación de procedimiento. Estos datos provienen de
una muestra de casos llevados por la Defensa Pública. Véase OACNUDH-Defensoría del Pueblo, ob. cit., pág.
252.
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