Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

deterioro económico que reduce las posibilidades de defensa, ante la insuficiencia de la
defensa de oficio y pública, y, sobre todo, las violaciones de los derechos humanos en los
establecimientos de reclusión (no solucionadas ni con las tutelas de la Corte Constitucional),
hacen que la detención preventiva se haya convertido, en sus condiciones de operatividad
efectiva en Colombia, en una pena de facto, ilegítima e ilegal.
270. Un Estado de Derecho no debe permitir tratos crueles, inhumanos y degradantes, todavía
menos para personas que debe presumir inocentes hasta que demuestre lo contrario. Entonces,
mientras no pueda efectivamente ofrecer condiciones humanas y de respeto de garantías en las
prisiones, debe eliminar la detención preventiva como única medida de aseguramiento. Su
uso debe estar regulado para situaciones estrictamente excepcionales, y con concurrencia de
los siguientes requisitos: a) sólo para delitos de lesa humanidad y suma dañosidad social; b)
cuando haya pruebas fundadas de la responsabilidad del sindicado; c) cuando haya pruebas
fundadas de que el procesado huirá, destruirá las pruebas del delito, o modificará el escenario
del crimen; d) cuando el Estado pueda asegurar que la prisión no se dará en condiciones de
tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Debe tener, además, estricta limitación temporal
para garantizar una justicia pronta y cumplida, y estar sometida a revisión y control.
Medidas y caución
271. No se debe sujetar toda la institución precautelar a la cárcel como única medida de
aseguramiento. Tampoco se debe reducir las medidas no privativas de la libertad a la caución
prendaria, pues esto se convierte una medida discriminatoria por razón económica, que acaba
condenando a los pobres a la prisión.
Agilización de la justicia
272. Establecimiento de mecanismos que agilicen de modo efectivo la justicia. En relación
con las apelaciones y casaciones, debe iniciarse un estudio a fin de recomendar soluciones
estructurales para evitar largos retrasos. Declarar una “emergencia judicial” a fin de poner al
día las casaciones, para que se supere de modo radical el retraso de años que tiene la Corte
Suprema de Justicia.
Condiciones para el goce de beneficios y obtención de libertad
273. Diseño de establecimientos penitenciarios orientados al trabajo y el estudio. Eliminación
efectiva de pabellones de aislamiento o condiciones de detención que impidan el estudio o el
trabajo y, por ende, no permitan redimir la pena ni gozar de otros beneficios. Destino
prioritario de recursos para el desarrollo de programas de estudio y trabajo en condiciones de
calidad y competitividad. Consulta y coordinación con las personas privadas de libertad sobre
las opciones laborales y educativas necesarias. Eliminar la espera para autorización de trabajo
si se trata de actividad artesanal o propia que no depende de una dotación específica del
centro. Igualmente para el caso de actividades educativas y organizativas previstas en la ley
(comités) que no requieren de inversión por parte del centro. Contar con una oferta de estudio
y trabajo que se debe informar a la persona privada de libertad al momento de su ingreso, para
no retrasar su inserción en una actividad que le permita redimir su pena desde inicio de su
reclusión. Eliminar el pago del 10% que deben hacer los presos por el ingreso de materia
prima pues no siempre venden los productos. Cuando es la institución carcelaria la que no
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