Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

6.2. Sobre los órganos de control y protección
278. Establecimiento de mecanismos de control funcional de los jueces por la mora judicial y
de los jueces de ejecución de las penas y medidas de seguridad por incumplimiento de su
función de visitar las cárceles y otras.
279. En relación con los fallos de las acciones de tutela, cabría estudiar el diseño de
mecanismos adicionales que aseguren su cumplimiento de modo más efectivo.
280. Utilización de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos ante la
insuficiencia de los controles internos y el entrampamiento de la situación carcelaria, no
obstante la existencia de órdenes de la Corte Constitucional para hacerla cambiar.
Defensa
281. Fortalecimiento institucional de la defensa pública. Rediseño de la defensa de oficio,
luego de estudio. Si bien es importante que los abogados de libre ejercicio puedan brindar un
servicio social, es una realidad contundente la inoperancia de dicho sistema, generando
expectativas en los procesados que luego no se cumplen. Para contrapesar realmente a la parte
acusadora, se requeriría una institución de defensa equivalente a la Fiscalía General de la
Nación: con autonomía orgánica, presupuesto, recursos humanos y materiales suficientes.
282. En el mediano plazo se requeriría dotar a la Defensoría Pública de más recursos humanos
y materiales. Aumentar el número de defensores que permita un 100% de cobertura nacional,
que se reduzca la carga procesal de los mismos para mejorar la calidad del servicio. Diseñar un
sistema para que los abogados contratados cuenten con algún tipo de seguro y otros
incentivos. Establecer mecanismos de control de la calidad del servicio e idoneidad. Poner
especial énfasis en el control de la utilización de todos los recursos posibles para la protección
de la libertad (cuestionamiento fundado de la legalidad de la captura y de la necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la detención preventiva). Promover la capacitación en el
servicio respecto de nuevas normas, la utilización del bloque de constitucionalidad y acciones
internacionales de protección de derechos humanos, derechos indígenas, entre otros. Debe
organizarse el servicio de tal modo que pueda tener iniciativa y no sólo responder a demandas.
En cada establecimiento de reclusión, miembros de la Defensoría Pública deberían visitar los
pabellones de aislamiento, alta seguridad, enfermería y otros donde los presos no tienen
posibilidades de ir a las oficinas que la Defensoría tiene en las prisiones. La defensa pública
debería también estar en condiciones de recorrer periódicamente estaciones policiales para
evitar que ahí haya detenidos menores y personas sindicadas o condenadas.
283. Órganos de control. Para efectos de que el control surta su efecto, no se debe hacer caso
omiso de los informes que dan cuenta de irregularidades, pues la situación se acaba
perpetuando. Esto ha pasado con el informe de la Contraloría General de la República que
prácticamente “ha quedado en nada”. Recomendamos que la Contraloría ejerza todas sus
atribuciones para intervenir de modo más firme hasta que se verifique un cambio real en la
situación de manejo irregular por parte del INPEC y del Ministerio de Justicia y del Derecho.
284. Recomendamos también la intervención de la Procuraduría General de la Nación a fin de
identificar responsables y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes.
74