Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

Capítulo 4: Condiciones del funcionamiento institucional del sistema penitenciario
1. El modelo institucional: cumplimiento del Código Penitenciario y Carcelario
301. El Código Penitenciario y Carcelario “regula el cumplimiento de las medidas de
aseguramiento, la ejecución de las penas privativas del libertad personal y de las medidas de
seguridad” (artículo 1), asigna a la pena “la función protectora y preventiva”, advirtiendo que
“su fin fundamental es la resocialización” (artículo 9), la cual debe aplicarse mediante un
tratamiento que implica “el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo y
el estudio” (artículo 10), siguiendo “un sistema progresivo” (artículo 12).
302. La realidad del sistema penitenciario es muy distinta a los objetivos y medios empleados
para ello. Ni es protectora (entre octubre de 1999 y septiembre de 2000 se produjeron 243
muertes violentas y 462 personas sufrieron heridas dentro de los centros carcelarios y
penitenciarios) 155 , ni tampoco es preventiva (la población presa creció de 1992 a 1999 en
23.577 personas privadas de libertad) 156 ; ni tampoco resocializadora ya que contempla altos
índices de reincidencia y altos niveles de violencia carcelaria, drogadicción y proliferación de
bandas al interior de la cárcel, propiciando y favoreciendo la corrupción y victimización de la
población recluida.
303. El examen de personalidad, que debería practicarse a la personas privada de libertad en el
momento de su ingreso a un establecimiento de reclusión (artículo 63 del Código Penitenciario
y Carcelario), es inexistente; las posibilidades de trabajo son totalmente insuficientes; las
aulas, cuando existen, se encuentran vacías; y tampoco hay profesores titulados ni ellos tienen
los materiales didácticos pertinentes.
304. No existe una clasificación mínima (artículo 63 del Código Penitenciario y Carcelario)
que resguarde los derechos de las personas privadas de libertad, que proteja las minorías
(indígenas, afrocolombianos y enfermos), que defina los niveles de seguridad y control, y que
pueda determinar las necesidades individuales de las personas que ingresan a los
establecimientos de reclusión. Al ingreso son ubicados en recintos estrechos carentes de los
servicios higiénicos mínimos, incluso durante por varios días. La asignación de patios es
absolutamente arbitraria y finalmente depende de la capacidad económica de la persona
privada de libertad.
305. No existe una evaluación ni individual ni social para la aplicación del régimen
progresivo. El otorgamiento adecuado y oportuno de los beneficios penales y penitenciarios, a
pesar de estar contemplados en la ley (artículos 82, 97 y 146 del Código Penitenciario y
Carcelario), no se conceden, si se otorgan se aplican en forma restrictiva y, con frecuencia,
para su concesión se añaden exigencias que van más allá de lo establecido por las normas
jurídicas.
155 Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Análisis estadístico de muertes violentas en la
cárcel La Modelo de Bogotá, Documento preparado para la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 16 de julio de 2001.
Véase también Policía Metropolitana, Criminalidad. Revista de la Policía, n.º 43, Bogotá, 2000, pp. 255-256.
156 Elías Carranza, Sobrepoblación penitenciaria en América Latina y el Caribe. Situación y respuestas posibles,
ILANUD, San José, Costa Rica, 2001.
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