Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

3.1. Conclusiones y recomendaciones
49. Ante la gravedad y la magnitud de las situaciones vulneradoras de los derechos a la
dignidad, a la integridad física y a la vida de las personas privadas de libertad constatadas por
la Misión, ésta recomienda:
Medidas inmediatas y a corto plazo
50. Se deberá dar inmediato y efectivo cumplimiento a las sentencias T-153 de 1998 y T-847
de 2000 de la Corte Constitucional (penitenciarías y cárceles y las salas de retenidos de las
estaciones de policía de Bogotá, el DAS, la DIJIN, la SIJIN y el CTI, respectivamente) y hacer
efectiva la debida sanción penal y/o administrativa de quienes resultaren responsables de su
incumplimiento en los plazos establecidos.
51. Se deberá garantizar la inmediata y efectiva investigación de toda denuncia de violaciones
de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Colombia, sin excepción, como
así también la sanción de los responsables y la compensación de las víctimas. El Estado
colombiano garantizará asimismo la implementación de todas las medidas preventivas
necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir dichas violaciones.
52. El Estado colombiano deberá cursar invitaciones al Relator Especial sobre la cuestión de la
Tortura y al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para visitar el país dentro de la
mayor brevedad. Tal iniciativa pondría de relieve ante la comunidad internacional la buena
voluntad del Estado colombiano de atender y resolver efectivamente la grave situación de los
centros de detención en el país.
53. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos considerará la implementación de un Programa Especial sobre la situación de
derechos humanos de las personas privadas de libertad en Colombia, a fin de profundizar y dar
seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de esta Misión.
54. Se debe dar promoción y pleno apoyo a la labor de monitoreo activo sobre las condiciones
de detención en el país que adelantaran organismos gubernamentales, la Defensoría del
Pueblo, y no gubernamentales, como organizaciones de derechos humanos de Colombia y
extranjeras, para la preparación periódica de informes generales y especiales actualizados que
permitan identificar la evolución de los principales problemas y de la implementación de las
recomendaciones, así como la rectificación de las políticas y prácticas correspondientes.
55. Se debe garantizar el efectivo cumplimiento, so pena de las sanciones administrativas que
correspondieren, de las obligaciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad contenidas en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, especialmente la
que dispone “la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o medida
de seguridad” (numeral 6), con la cual dichos jueces raras veces cumplen.
56. Se debe promover la apertura de los sistemas penitenciarios a la contribución de la
sociedad civil para las mejoras necesarias, particularmente en el ámbito de los derechos
humanos. El apoyo a la labor de las organizaciones no gubernamentales especializadas en esta
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