Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

por lo que carecen de estabilidad laboral. Igualmente en algunos casos tienen problemas de
seguridad 149 . En las visitas de esta Misión, la delegación observó que si bien hay reclamos por
la insuficiencia de defensores públicos, en general se les reconoce compromiso y seriedad en
su trabajo y las personas privadas de libertad confían en ellos. Sin embargo, tal hecho no suple
a cabalidad la desproporción entre una instituc ión como la Fiscalía General de la Nación, con
poderes casi absolutos para organizar la acusación, y una defensa minimizada.
5. Conclusiones: responsabilidad institucional
5.1. Sobre política criminal y penitenciaria
Ausencia de política criminal garantista
235. Un elemento importante que explica la situación carcelaria y la vulneración de derechos
humanos en los centros de reclusión radica en la ausencia de una política criminal garantista,
diseñada de modo concertado y democrático. Hay responsabilidad del Estado, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, por la falta de convocatoria del Consejo Nacional de
Política Criminal. Ello permite que las agencias acusadoras o militares tomen dicho lugar e
impulsen una legislación penal ordinaria de tendencia represiva o de excepción, sin controles
constitucionales.
Legislación penal no garantista
236. En cuanto al marco normativo constitucional e internacional, el derecho a la libertad
individual está bastante protegido. La tensión sobreviene al momento de dictar normas penales
y de emergencia que, bajo el argumento de la seguridad, han establecido cada vez mayores
restricciones de las garantías y el derecho a la libertad individual. El incremento de respuestas
punitivas (o “inflación penal”) frente a diversos problemas que no se encaran debidamente en
los planos social, económico y político, ha dado lugar a la sobrecriminalización de conductas,
la calificación y persecución de contravenciones como delitos, el incremento de los mínimos
de penas para los delitos y, por ende, el aumento de delitos inexcarcelables y el agravamiento
de penas en general. Lo propio ha pasado en el plano procesal penal por la eliminación
práctica de medidas no privativas de la libertad durante la investigación y el juzgamiento.
237. Hay responsabilidad del Estado a través del poder legislativo, el cual, a pesar de haber
sido notificado por la Corte Constitucional (Sentencia T-153 de 1998) del estado de cosas
inconstitucional en los centros de reclusión, por el hacinamiento y las condiciones inhumanas
en los mismos, ha emitido normas que en vez de posibilitar la restricción del uso de la cárcel
sólo para los hechos más graves, por el contrario, ha convertido contravenciones en delitos,
aumentado los mínimos y los delitos inexcarcelables, ha eliminado medidas de aseguramiento
alternativas a la prisión, sin que se haya solucionado previamente la situación inconstitucional
de los centros de reclusión.
(aislamiento, enfermería, seguridad) es donde hay más reclamo por falta de defensa, en la medida que ellos,
justamente por su falta de movilidad, no pueden acercarse hasta la oficina que la Defensoría tiene en cárceles y
penitenciarías, cuando tendría que ser a la inversa.
149 La sobrecarga de casos, la inestabilidad laboral y la falta de formación son señaladas por los defensores como
limitantes de su labor. En ciertos casos, además, la seguridad de los mismos está amenazada y no cuentan con
ningún tipo de seguro, lo cual es importante especialmente en lugares como Valledupar.
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