Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

pública de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 684 de 2001. Esta Misión no
puede dejar de advertir los enormes riesgos que dicha ley entraña para la vigencia de los
derechos humanos y espera que la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría
prospere.
La Fiscalía y el abuso de la detención preventiva
200. El nuevo CPP sólo contempla como medida de aseguramiento durante la investigación
sumarial la detención preventiva, la cual puede ser sustituida por libertad provisional pero bajo
estrictos requisitos y previo pago de caución efectiva (se eliminó la caución juratoria). Ello
también es muestra del carácter autoritario y discriminador del nuevo CPP y va contra las
previsiones internacionales en la materia 107 . Si bien el segundo inciso del artículo 3º del
CPP 108 establece que dicha medida debe estar regida por el principio de “necesidad”, los
artículos 356 (requisitos) y 357 (procedencia) señalan que ella sólo es dable en casos de
delitos con pena mínima no superior a cinco años y un listado taxativo de delitos, bastando dos
indicios graves de responsabilidad. Esto atenta expresamente contra la regulación
internacional que exige no sólo la gravedad del presunto delito y prueba fundada de la
responsabilidad, sino prueba razonable de que el imputado se fugará, destruirá las pruebas o
modificará el escenario del crimen si queda en libertad 109 . De otro modo, se estaría atentando
contra la presunción de inocencia al asumir, de jure, que el procesado de ciertos delitos no
concurrirá al juicio o alterará las pruebas. Tal como está diseñada la detención preventiva
requeriría una modificación o, en su caso, la exigencia de motivación no sólo de los indicios
de responsabilidad en el presunto delito, sino de posible fuga o alteración de pruebas. Esta
detención, a su vez, requeriría de control jurisdiccional por otra autoridad diferente de quien
investiga 110 .
107
Inciso 3 del artículo 9º del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos: “(...) La prisió n preventiva de
las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (la negrilla es nuestra). Véase también
Directrices sobre la función de los fiscales aprobadas por el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990,
artículo 18: “(...) A estos efectos, los estados deben explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas para
reducir el número de casos que pasa a la vía judicial no solamente para aliviar la carga excesiva de los tribunales,
sino también para evitar el estigma que significan la prisión preventiva, la acusación y la condena y los
posibles efectos adversos de la prisión.” (la negrilla es nuestra).
108
Artículo 3º del CPP “(...) La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará sujeta a la
necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de
la comunidad” (la negrilla es nuestra).
109
Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión, adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/ 173 de 9 de diciembre de 1988. Artículo 36,
inciso 1: Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito (...). Inciso 2: “Sólo se
procederá al arresto o detención de esa persona en espera de instrucción y el juicio cuando lo requieran las
necesidades de la administración de justicia por motivos y según condiciones determinadas por ley. Estará
prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la
detención o para evitar que entorpezca el proceso de instrucción o la administración de justicia, o para el
mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención” (subrayado nuestro).
110
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, incisos 3 y 4. Pacto de San José, artículo 7,
inciso 6, control judicial de la detención.
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