Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

TERCERA PARTE
FACTORES QUE GENERAN EL ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL Y DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Capítulo 3: Política penal y penitenciaria y la privación de la libertad
“En los últimos años han sido expedidas distintas normas dirigidas a
sancionar con mayor rigidez una serie de conductas delictivas. Ello
ha implicado el ingreso de un número siempre mayor de internos a
las cárceles, y una más larga permanencia en ellas. Esta nueva
situación no ha sido acompañada de un aumento proporcional en los
cupos carcelarios (...)”.
Corte Constitucional de Colombia,
Sentencia T-153 de 28 de abril de 1998,
M. P. Eduardo Cifuentes
1. Política penal y el derecho a la libertad individual: un marco ambivalente
179. Tanto en el plano de la previsión normativa, como en el diseño instit ucional y el
comportamiento efectivo de las agencias de control penal, se aprecia una tensión entre un
modelo garantista y protector de derechos, y otro que, bajo la bandera de la “eficiencia” y
seguridad, tiene un componente claramente autoritario. Ello da lugar no sólo a cuerpos
normativos ambivalentes, sino también a políticas públicas fragmentarias, inconexas y
contradictorias por parte de las diferentes agencias del Estado, con una general tendencia hacia
las vertientes más autoritarias y represivas. También da lugar a una mayor restricción del
derecho a la libertad individual, a condiciones vulneratorias de los derechos humanos durante
la reclusión y a la reducción de las posibilidades de obtener la libertad.
180. La primacía del criterio de seguridad y supuesta eficiencia por sobre las garantías y
derechos fundamentales, y el recurso privilegiado a respuestas punitivas (como supuesta
solución a todo problema social y político) por encima de otras salidas sociales, se han
convertido en los motores de una política criminal de facto, ante la ausencia de políticas
públicas democráticas y garantistas diseñadas para tal efecto. La política criminal (incluyendo
políticas de prevención y resolución pacífica de los conflictos) debería ser dictada por el
Consejo Nacional de Política Criminal, cuya convocatoria es responsabilidad del Ministerio de
Justicia y del Derecho 82 . Sin embargo, ante la inacción del mismo, son las agencias acusadoras
o militares las que vienen dictando el ritmo de la política penal 83 , en el plano oficial, con una
suerte de “tolerancia”, en el plano social, de agencias no estatales dedicadas al uso directo de
la fuerza para el control social.
82 En entrevista de esta Misión con Julie Plata, Directora de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de
Justicia y del Derecho, nos informó que el Consejo no se había reunido hacía más de un año y que los estatutos
estaban siendo sometidos a revisión.
83 De hecho, la iniciativa legislativa de los nuevos Código Penal y Procesal Penal (julio de 2000) fue de la
Fiscalía General de la Nación. Y fue la institucionalidad militar la encargada de impulsar la Ley 684 del 13
agosto de 2001, sobre Seguridad y Defensa Nacionales.
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