Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH

26
CONCURSO. Cuenta tu Tesis en Derechos Humanos
En la editorial del diario La Tribuna, de Los Ángeles (1970, 3 de septiembre), se señalaba que el jefe de las fuerzas militares
y policiales de Santiago, general de ejército Camilo Valenzuela, expresó a días de las elecciones presidenciales a la prensa
extranjera, que tanto se interesó por el proceso eleccionario de nuestro país, que “A las Fuerzas Armadas no les compete
dirimir situaciones de tipo político y que no tienen injerencia en las decisiones derivadas de las elecciones”.
Finalmente, cuando la crisis se fue agudizando, muchos civiles de oposición, hombres y mujeres, hicieron un llamado a las
Fuerzas Armadas y de Orden a intervenir, aunque esto significara alejarse de la Constitución. Estos mismos civiles luego
devolverían la mano, participando en la fuerte represión que no tardaría en imponerse.
Al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 regía en Chile la Constitución de 1925. Al producirse el
derrocamiento del gobierno elegido en 1970, la Junta Militar procedió a fijar sus propias atribuciones y a subordinar el
ejercicio de otros poderes del Estado a las necesidades del momento.
La Junta Militar se declaraba investida de la misión de reparar los males atribuidos a la acción del marxismo, sindicado como
contrario a los intereses nacionales, y definía la situación como constitutiva de un estado de guerra interna librada contra sus
agentes (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004). Fue así como las Fuerzas Armadas y de Orden se toman el
poder constituyendo la Junta de Gobierno, decretando el mismo 11 de septiembre el Estado de Sitio, el cual debía entenderse
como “estado o tiempo de Guerra”, aplicando el código de la Justicia Militar.
Ante esta situación, el Comité Permanente del Episcopado (1974, p. 174) emite una declaración pidiendo moderación frente a
los/as vencidos/as. “Que no haya innecesarias represalias. Que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos
de los que hoy han sido derrotados. Que se acabe el odio, que vuelva la hora de la reconciliación”. Lo cual lamentablemente,
no hizo más que acrecentarse.
Todo lo que vendría ya había sido visualizado por varios integrantes de la Iglesia Católica, como lo fue por aquellos años el
Vicario de Santiago, Cristian Precht, quien confiesa:
Yo era muy crítico de la UP… Pero obviamente por muy en desacuerdo que estuviera, los Presidentes de Chile
siempre fueron elegidos por el pueblo y respetados por el pueblo. Cuando supe que el Presidente estaba muerto,
me di cuenta que algo terrible estaba pasando (González 1987, p. 30).
La Junta suspendió las garantías individuales desde el mismo 11 de septiembre. Para fundamentar dicha medida, alegó la
existencia de un cuadro de conmoción interna atribuido a la existencia de fuerzas rebeldes o sediciosas, se decretó el estado
de sitio en todo el territorio nacional y el estado de emergencia en determinadas provincias y departamentos. Como señaló el
Decreto Ley N° 5, publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 1973, el “estado de sitio decretado por conmoción
interna, en las circunstancias que vive el país” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004).
En las provincias de Ñuble y Biobío, el control militar y político fue ejercido por el Ejército y Carabineros. En el caso de la
provincia de Biobío, asume como intendente militar el coronel Alfredo Rehren Pulido, quien pasa a ser además Jefe de las
Fuerzas de la provincia.