Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH

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CONCURSO. Cuenta tu Tesis en Derechos Humanos
los derechos humanos no ocurre solo cuando se atenta contra los individuos física y moralmente, sino también cuando a los
sectores sociales más débiles se les priva de las posibilidades de vida (trabajo, educación, vivienda, salud, etc.).
La violencia estructural imperante en nuestras sociedades es una violación permanente de los derechos humanos. Esta
situación es agravada, por supuesto, cuando se implementan políticas represivas que limitan y dañan aún más las posibilidades
de vida del pueblo pobre (tortura, exilio, desapariciones, etc.). En la defensa de los derechos humanos esta Iglesia Liberadora
va a desarrollar una línea profética en la que son fundamentales los gestos de denuncia, más que palabras (Aldunate et al.,
2000, p. 38).
Sin embargo, Cristian Precht, conocido como el Vicario de los derechos humanos, explica que el trabajo de la Iglesia por la
defensa de los derechos humanos fue de toda la Iglesia, no de un sector, expresando que “lo que comenzó siendo la labor
de unos pocos terminó con la acción de toda la Iglesia”, lo cual puede ser confirmado. Es probable que en distintos grados,
pero finalmente los esfuerzos se hicieron. Los Obispos reaccionaron denunciando ante los tribunales, tomaron contacto
con personas del Gobierno, hicieron denuncias públicas, etc. Hubo Obispos más radicales como el Obispo de Punta Arenas
que exigió la disolución de la CNI, afirmando que “…quien propicie la existencia de un organismo como la CNI no puede
llamarse creyente”. El Vicario de la Solidaridad Juan de Castro, señaló que “todo el que tortura se encuentra automáticamente
excomulgado”, mientras el Obispo Jorge Hourton dijo: “Si no dejan de torturar, dejen de comulgar” (Revista Análisis, 1983,
p. 8). También hubo otros sacerdotes mucho más moderados, como fue el caso del Obispo de la diócesis de Los Ángeles,
Mons. Orozimbo Fuenzalida, quien no es cercano a los sectores de izquierda o al sector de la Iglesia Liberadora, pero que sin
embargo cooperó en lo que estuvo a su alcance, pese a que incluso sus devotos/as se opusieran (Catedral de Los Ángeles
amanece rayada).
La Comisión Nacional de Verdad y Justicia ha señalado la reacción de las Iglesias como la única reacción verdaderamente
significativa frente al cuadro de violaciones de derechos humanos que se estaba produciendo, por tener los medios y la
disposición para hacerlo, lo cual provino de ellas. Destaca la labor de protección que numerosos sacerdotes y pastores
prestaron a muchas personas perseguidas. A causa de esta labor, varios de ellos fueron arrestados o tuvieron que dejar el
país (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996, p. 432).
El Comité Permanente solicitó al Cardenal Mons. Raúl Silva Henríquez y a su Presidente Mons. Francisco de Borja Valenzuela
que conversaran con el Ministro del Interior D. Sergio Fernández. El Ministró expresó que era voluntad del Supremo Gobierno
aclarar, en breve plazo, la suerte de cada una de las personas cuyo desaparecimiento ha sido acreditada ante organismos
competentes y cuyos familiares así lo solicitan (Episcopado de Chile, 1982, p. 330).
Los obispos cumplieron un rol fundamental en sus respectivas diócesis, es el caso de nuestra zona de estudio, donde el
Obispo de la Diócesis de Los Ángeles, Monseñor Orozimbo Fuenzalida envió una carta al que fuera Ministro del Interior
del régimen militar, Sergio Fernández Fernández, explicando la gran preocupación e inquietud que existe en la zona por el
problema de las personas detenidas desaparecidas. En dicha carta adjunta una lista con 52 casos, los cuales corresponden a
situaciones de desaparecimientos ocurridas en su Diócesis durante los últimos meses del año 1973. Las detenciones fueron
efectuadas por funcionarios del Cuerpo de Carabineros de Chile, actuando en algunos casos en conjunto con el personal del
Ejército, y en otros con civiles, vecinos/as de los respectivos lugares, según consta de los testimonios entregados por los/as
denunciantes. Hay situaciones que afectan a grupos familiares casi completos y otras a menores de 14, 15 y 16 años (Vicaría
de la Solidaridad, 1978, p. 1521). De estos 52 casos, 24 pertenecen a las comunas en estudio, seguidos en número de Laja y