Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH

CAPÍTULO 2
Cabe señalar que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos revisten características diversas según sea el sector
geográfico de que se trate. En la provincia de Biobío, la situación fue distinta a la de Concepción, por ejemplo, debido a los
conflictos por la propiedad de la tierra; la mayor cantidad de víctimas fueron campesinos u obreros agrícolas, muchos de
ellos sin militancia conocida (ver anexo 5), dirigentes políticos vinculados a organismos agrarios del Estado como el Instituto
Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) y funcionarios/as de los mismos (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996, p. 314). Además, como
lo explica en su entrevista un preso político de la época, Oscar Burgos:
en las zonas rurales la gente tenía menos posibilidad de defenderse, por eso en Santa Bárbara pescaron a algunos
frente a un puente y mataron a un montón de gente, la gente venía por el río, los cuerpos pasaban por Santa
Bárbara (Burgos, 2010).
Durante los primeros días, pequeñas cuadrillas de carabineros acompañados de civiles de extrema derecha o conocidos
latifundistas del sector habían procedido a arrestar a personas en la calle o, más comúnmente, en sus casas. Grupos de civiles
que habían aportado al clima de preparación del golpe y que al imponerse el poder de las armas celebraron sin pudor la
muerte del presidente (Villagrán, 2005, p. 6), no tardarían en tomar venganza. Semana a semana se iban agregando nuevos
antecedentes que aumentaban el clima de desconcierto, confusión y terror que afectaba prácticamente a toda la zona. Se
hablaba también de personas que habían sido asesinadas por grupos mixtos de civiles y uniformados, quienes habrían hecho
desaparecer sus cuerpos en sitios eriazos o lanzados a ríos. A los pocos días, a este grupo se le unirán patrullas militares.
Otra particularidad de esta zona es que en general la violencia política después del 11 de septiembre está dada por el
enfrentamiento de clases llevado a su punto máximo durante el Gobierno de la Unidad Popular, y particularmente en el
proceso de la Reforma Agraria donde los/as campesinos/as se reconocen como tal y ven a los latifundistas como sus enemigos
y viceversa. Es por esto que en los operativos se arrestaba masivamente a campesinos ligados a la Reforma Agraria y al
proceso de sindicalización campesina.
Entre las 2.279 víctimas consignadas en el Informe Rettig figuran los nombres de más de 700 campesinos/as y obrero/as
muertos/as por acción de agentes del Estado (Villagrán, 2005, p. 15). El documento es abundante en testimonios que prueban
la complicidad de latifundistas, empresarios/as, ejecutivos/as y funcionarios/as civiles en la persecución de trabajadores/as
que tuvieran hasta el más mínimo vínculo con la Unidad Popular o la figura del ex presidente Allende.
La mayoría de las detenciones eran negadas verbalmente por las autoridades pese a que los arrestos se habían efectuado en
presencia de familiares y vecinos/as de las víctimas. De hecho, el mismo Intendente Militar, coronel Alfredo Rehren, responde
negando categóricamente ante la oleada de rumores de fusilamientos a días de instaurado el régimen militar:
No ha habido fusilamiento alguno (…) La situación está totalmente dominada; la sociedad acusa total normalidad
y tranquilidad. Además, se les reitera que todas las personas que hasta la fecha han sido detenidas o se han
entregado voluntariamente a las Fuerzas Militares se encuentran en perfecto estado de salud (…) Su liberación
está sujeta al término del sumario militar correspondiente y pronta a ser efectiva, salvo aquellas personas que
sean culpables de actos penados por la ley, que serán sometidas a juicio militar (…) El trato es justo y humano (La
Tribuna, 1973, 14 de septiembre, p. 1).
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