Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH

CAPÍTULO 3
Después del 11 de septiembre de 1973, miles de personas acudieron a las nuevas autoridades para pedir información sobre
el paradero y la situación de sus familiares detenidos/as y desaparecidos/as. En aquellos primeros años solo las instituciones
religiosas pudieron ejercer una defensa activa de los derechos humanos ya que, por ejemplo, el 12 de septiembre el Poder
Judicial, el único no controlado de manera directa por los/as golpistas, emitió una declaración de apoyo incondicional a la
junta militar.
Ante el silencio cómplice de jueces y juezas y de los medios de comunicación permitidos por la dictadura, y después de un
corto periodo de vacilaciones, la iglesia católica chilena se transformó en la defensora de las víctimas de las violaciones a los
derechos humanos. El símbolo fue la Vicaría de la Solidaridad. Para defender a los/as trabajadores/as se creó la Vicaría de
la Pastoral Obrera y para acoger a los/as profesores/as universitarios/as expulsados del sistema oficial nació la Academia de
Humanismo Cristiano.
Anteriormente, a esta labor se le unieron algunas iglesias que intentaron atenuar la crueldad de la represión. Así, confesiones
católicas, luteranas, ortodoxas, judías y otras crearon el 6 de octubre de 1973 el Comité de Cooperación para la Paz, que
trabajó para proporcionar “ayuda material y espiritual a todas las personas y familias afectas por la situación existente”
y facilitar “asistencia legal y judicial para la defensa de los derechos de las personas afectadas (Fernández, s.f., citado en
Amorós, 2001, p. 32).
Las iglesias se unieron bajo la sigla “COPACHI”, para defender los tan violados derechos humanos de los chilenos,
pero muchos de estos sacerdotes y pastores fueron encarcelados, perseguidos, o tuvieron que huir del país. Muy
pronto los disolvieron y fue entonces que apareció la Vicaría de la Solidaridad, bajo la dirección de la bondad
y sabiduría del cardenal Raúl Silva Henríquez, que se mantuvo a pesar de los embates de la dictadura, hasta el
final, ayudando a miles de chilenos que acudían a ella, arrancando de las torturas y violaciones cometidas (Zipper,
2006, p. 294).
El Comité Pro Paz fue la única institución que durante el periodo en estudio cumplió la importante función de dar asistencia
a las víctimas, con los riesgos y limitaciones derivadas de la situación que se vivía en esos momentos.
Fue el Vicario Cristian Precht quien asumió el Comité Pro-paz en 1974 y quien reconoce que en primera instancia los llamados
detenidos desaparecidos eran para él personas sin rostro, ya que él no las conocía, pero luego dice,
(…) cuando comencé a conocer a los familiares de los detenidos desaparecidos, a sus esposas, a sus hijos, ahí el
dolor adquirió rostro, vida familiar, conocí sus ideales y comenzaron a ser parte de mi vida y algo que me dolía en
el alma (González, 1987, p. 31).
La labor de las iglesias en este ámbito fue principalmente liderada por la iglesia católica, la cual a partir del mismo mes de
1973 emitió una serie de declaraciones y documentos que reflejaron su posición de búsqueda de caminos de encuentro
entre los/as chilenos/as y de la real necesidad de respetar los derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración del Comité
Permanente del Episcopado.
Durante la dictadura recordaban el tiempo del cautiverio en Babilonia como un elemento de comparación con la situación del
pueblo bajo el poder militar.
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