Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH

CAPÍTULO 2
hacer justicia a la gente sin recursos; una connotación política, dado que aparecen implicados partidarios civiles del régimen
y uniformados, y una contradicción evidente entre la afirmación de los tribunales de prescindir para sus fallos de todo aquello
que no surja de la legalidad vigente y sus conductas prácticas” (p. 4). En fin, una serie de problemas asociados a personas
sin ética profesional alguna.
Uno de estos casos es el del ministro Carlos Cerda, quien a siete meses de iniciada la investigación y cuando en 1980 concluía,
su resolución fue la incompetencia. No sin antes dejar claro que los hechos efectivamente habían ocurrido:
Que con el mérito de las declaraciones de familiares, parientes próximos de las personas que resultaron muertas,
de los dichos de otras personas, vivientes en la hacienda “El Morro” y fundos “El Carmen Maitenes” y “Pemehue”,
documentos entregados por los querellantes, actas de inspección del tribunal, fotografías, documentos y oficios,
informes policiales y protocolos de autopsia y otros, fluyen presunciones bastante fundadas para dar por sentado
que en los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 fueron detenidos, en “El Morro” primero, por efectivos militares y de
carabineros, acompañados por civiles y luego ultimados, las siguientes personas: Juan Laubra Brevis, José Yáñez
Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo y Domingo Sepúlveda, cuyos cuerpos fueron reconocidos
mientras permanecieron en el lugar “La Playita”, observándose que presentaban sus manos atadas a la espalda y
el cuerpo con impactos de arma de fuego y que las aguas del río Renaico arrastraron los cadáveres de algunos de
ellos, siendo posteriormente sepultados, lográndose por el tribunal la exhumación de parte de los restos de Juan
Laubra Brevis y de Domingo Sepúlveda, siendo posteriormente reconocidos. (…) Existen numerosos testigos de la
llegada al sector de la patrulla militar integrada por carabineros y civiles que, divididos en grupos, procedió a la
detención en diversos puntos de las personas nombradas y de otras, que fueron llevadas a las casas del fundo (…)
En la noche, hay consenso en que hubo ráfagas de disparos de armas de fuego (…) Existe consenso en afirmar
que fueron visto uno o dos militares movilizándose hacia y desde las casas de la Reserva a través de un puente
colgante sobre el río Renaico, portando herramientas como palas y picotas e incluso haber visto a dos soldados
apisonando el terreno (Vega, 1999, p. 348).
Y así continúa este informe constatando todo lo anteriormente descrito en estos tres fundos. Este informe fue calificado por
el secretario ejecutivo del Departamento de Servicio Social del Arzobispado, Jorge Barudi, como una verdadera acusación.
Barudi, un año antes de morir entregó su visión sobre el caso de Mulchén, por el cual tuvo especial interés:
Hubo muchos detenidos en Mulchén. Eso estuvo vinculado con el desquite de agricultores y algunos comerciantes
en contra de los campesinos que habían cambiado de actitud frente a ellos, ya sea sindicalizándose o haciendo
gestiones por la Reforma Agraria. La detención de la gente de Mulchén, el operativo en contra de los habitantes
de los fundos, empezó en las oficinas de la CORA -Corporación de Reforma Agraria- que había ahí. A ese lugar
llegó ese tropel de civiles, de gente del ejército y de carabineros a realizar su operativo y ahí tomaron a los
primeros (Vega, 1999, p. 347).
Pese a que la comuna de Quilleco sea señalada como una de las comunas más golpeadas por la Comisión Nacional de Verdad
y Justicia, en su informe no se registran muchos casos de personas detenidas desaparecidas ahí, lo cual se puede atribuir
a varios factores: la actual comuna de Antuco en aquel periodo pertenecía a Quilleco, y dicho sector fue particularmente
golpeado por encontrase allí la empresa ENDESA, estatal en aquel tiempo. Esto es confirmado por don Oscar Burgos Oyarce
(2010): “yo creo que por el campo de concentración deben haber pasado unos doscientos o trescientos compañeros de
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