Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH

CAPÍTULO 3
San Rosendo, quedando la ciudad de Los Ángeles en último lugar. Sin embargo, estas cifras no son las exactas, ya que como
lo ha señalado Monseñor Fuenzalida,
(...) los casos presentados no son todos los que me ha tocado conocer como Obispo y Pastor de esta Diócesis. Hay
otros que también corresponden en su mayoría a obreros y campesinos de esta provincia, pero cuyos familiares,
sea por temor o por falta de recursos incluso para movilizarse, solamente recién están realizando gestiones que
permitan reunir antecedentes suficientes como para justificar un requerimiento ante el Sr. Ministro (Vicaría de la
Solidaridad, 1978, p. 1526).
A más de un mes de iniciadas estas gestiones por una serie Obispos, el Comité Permanente emite un comunicado de prensa
donde informa sobre las gestiones para investigar la situación de las personas detenidas desaparecidas expresando: “en su
discurso del 15 de junio del presente año, el Sr. Ministro del Interior expresó que ‘cualquiera que sea la verdad concreta en
cada situación, ella puede ser investigada por los Tribunales de Justicia’” (Episcopado de Chile, 1992, p. 331).
A raíz de la Ley de Amnistía reciente, los Tribunales del Crimen sobreseyeron alrededor de 300 procesos en los que se pedía
investigar la suerte de las personas detenidas desaparecidas. Se ha apelado ante las respectivas Cortes, a fin de obtener
la revocación de esos fallos de sobreseimiento y que puedan continuar las investigaciones. Hasta el momento, la Corte de
Apelaciones de Santiago ha revisado 26 de estos fallos y ha revocado 25 de ellos (Episcopado de Chile, 1992, p. 331).
El Ministro Fernández reconoció que a mediados de 1978 el Gobierno tuvo la disposición de explorar caminos sobre casos de
detenidos/as cuyo paradero no se había establecido, señalando textualmente: “el Gobierno explorará cualquier camino que
con respecto a un caso particular pueda plantearse” (Vicaría de la Solidaridad, 1978, p. 1526), sin embargo él no hizo nada
por esclarecer la verdad y vale decir que hasta el día de hoy la carta de Mons. Orozimbo Fuenzalida no ha tenido respuesta. Es
más, a fines de 1978, el Comité Permanente del Episcopado examinando una vez más el problema de las personas detenidas
desaparecidas declara lo siguiente:
En varias ocasiones nos hemos dirigido a personeros del gobierno acerca del problema de los desaparecidos. Las
respuestas hasta ahora no han sido satisfactorias.
Las personas llamadas detenidos desaparecidos, que alcanzan a varios centenares, por los antecedentes reunidos
y presentados al gobierno, y salvo algunas posibles excepciones, deben, a nuestro parecer, darse por detenidas
por los servicios de seguridad del gobierno.
Hemos hecho cuanto de nosotros dependía para que se estableciera la verdad acerca de este dramático problema.
Desgraciadamente, hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo
ocurrido, que permitiera establecer la realidad en cada caso y las responsabilidades correspondientes.
Lamentamos tener que decir que hemos llegado también a la persuasión de que muchos, si no todos los detenidos
desaparecidos han muerto, al margen de toda ley.
Más no podemos hacer…
Sin embargo, no podemos callar ante lo ocurrido. Tenemos que decir que el mandamiento de “no matar” sigue
siendo el fundamento de toda civilización y, desde luego, de todo humanismo cristiano.
Ningún fin puede justificar el uso de medios ilícitos. Matar a un hombre, al margen de la ley, es un delito del cual
protestamos en nombre de Dios, Creador y Padre de todos los hombres.
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