Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH
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CAPÍTULO 3<br />
(…) Estábamos influidos también por nuestra formación y por la prensa opositora que gozaba de bastante libertad.<br />
Nos costó convencernos, entonces, que empezábamos a vivir una dictadura larga y cruel, como jamás la creíamos<br />
posible en Chile. Creíamos que los chilenos no sabíamos odiar tan profundamente, que la venganza tenía límites,<br />
que nuestra clase media tenía una formación moral incompatible con la tortura y las aberraciones sexuales,<br />
que las Fuerzas Armadas eran profesionales, respetuosos de una tradición cristiana y que no sabían mentir<br />
descaradamente. Ignorábamos esa ideología diabólica de la seguridad nacional. Compartimos la ingenuidad de<br />
la inmensa mayoría de los chilenos. (…) Por eso nos equivocamos. Pensamos que había sinceridad en la promesa<br />
de volver cuanto antes a la institucionalidad quebrantada. Creíamos que se respetarían las conquistas sociales<br />
de los trabajadores. Y pensamos ingenuamente, que los abusos que empezábamos a conocer eran fruto de la<br />
precipitación del primer momento o excesos de los mandos medios. Mucho tiempo duró esta excusa de los<br />
mandos medios y la gente la acogió de buena gana para tranquilizar su conciencia y su silencio cómplice (p. 55).<br />
A raíz de declaraciones de este tipo fueron varios los costos que debieron asumir una serie de integrantes de la Iglesia. En<br />
agosto de 1976, los obispos Enrique Alvear, Carlos González y Fernando Ariztía viajaron a Riobamba, Ecuador, para asistir a<br />
una reunión eclesial a la que concurrían otros obispos y sacerdotes del continente. Al iniciarse la reunión fueron detenidos dos<br />
arzobispos y 15 obispos por la policía de la recién instaurada dictadura y acusados de asistir a un cónclave subversivo (Salazar,<br />
2005, p. 62). Tras un escándalo internacional, los obispos regresaron a Chile y acusaron a la prensa oficialista chilena de crear<br />
el ambiente para atacar a la iglesia. Mons. Camus así lo confirma evidenciando que,<br />
la televisión y los diarios callaban y sólo contaban planes siniestros para justificar lo injustificable y tranquilizar<br />
conciencias. Fueron eficaces con la gran masa que no tenía conocimiento directo de lo que pasaba, pero no<br />
pudieron engañar a los pastores que estaban acostumbrados a conversar con el pueblo (Episcopado de Chile,<br />
1982, p. 55).<br />
La Iglesia, a diferencia de numerosos sectores de ciudadanos/as, grupos de profesionales e instituciones, siempre reconoció<br />
la existencia de ciudadanos/as chilenos/as en condición de detenidos/as desaparecidos/as. Declarando sobre la huelga de<br />
hambre iniciada por sus familiares, manifestó:<br />
Los obispos de Chile nos hemos hecho cargo de la dolorosa situación de ciudadanos detenidos y desaparecidos<br />
(…) hemos planteado esta situación en gestiones y documentos, tanto públicos como privados (…) solicitamos el<br />
definitivo esclarecimiento de la suerte de cada uno de los desaparecidos; sin lo cual –dijimos- no habrá tranquilidad<br />
para sus familias, ni verdadera paz en el país, ni quedará limpia la imagen de Chile en el exterior (...). Solo nos<br />
mueve el deseo de la paz. Pero reafirmamos una vez más que, para que haya paz, debe haber verdad, debe haber<br />
justicia, debe haber respeto y amor fraterno para todos, sin excepciones (Episcopado de Chile, 1982, p. 393).<br />
Sin embargo, y como se explica al inicio del presente capítulo, en la Iglesia conviven tres sectores claramente definidos, y<br />
uno fuertemente marcado es el conservador, con un claro anticomunismo; es en tal sentido donde aparece un emblemático<br />
personaje de la Iglesia Católica, defensor del Gobierno militar, el padre Hasbún, quien justificó la tortura y violación a los<br />
derechos humanos preguntándose irónicamente en televisión abierta:<br />
¿Se cometieron violaciones humanas bajo el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte? Oiga, pero qué pregunta más<br />
necia, ¿Usted me podría nombrar un solo gobierno militar o democrático bajo el cual no se hayan cometido y no<br />
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