Katherinne Brevis Arratia - Biblioteca Digital INDH

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CONCURSO. Cuenta tu Tesis en Derechos Humanos
trabajadores/as nunca lo vieron como algo que por derecho les correspondía, y estos actos, tan insignificantes al lado de su
sudor y esfuerzo, los hacían olvidar rápidamente los abusos y malos tratos del patrón. Esto es sugerido por Arturo Fontaine
(2001, p. 17), quien considera que “no es que el trabajador haya sido generalmente explotado, como se supone, pues si el
salario en dinero es modesto, las regalías en especie defienden el poder adquisitivo de las remuneraciones con más firmeza
que los salarios urbanos”. Más no la dignidad de los hombres y las mujeres del campo, hay que decir.
1.2 EL dESPERTAR dE LOS/AS CAMPESINOS/AS
Pese a todas estas regalías que supuestamente gozaban los trabajadores del agro a mediados del siglo XX, la arbitrariedad
de la autoridad del latifundista comenzó a ser puesta en tela de juicio. El código laboral de 1931 extendió a los trabajadores
agrícolas los mismos derechos que habían sido otorgados a los/as obreros/as industriales durante la década de 1920,
incluyendo el derecho a establecer contratos escritos, al pago del día domingo, a la compensación por participación, a
la posibilidad de demandar al empleador o empleadora por perjuicios causados. También estipulaba cláusulas que eran
pertinentes específicamente a los/as trabajadores/as agrícolas, como aquellas referidas a la calidad de la vivienda y regalías
de tierras (Tinsman, 2009, p. 58). Pero bien, una cosa es lo que está escrito y otra muy distinta es lo que se lleva a cabo en
la práctica. Y esta diferencia se da claramente y con más razón aún en el campo, ya que los patrones son los creadores y
ejecutores de sus propias leyes, pero los campesinos y campesinas ya empezaban a cuestionar esas “leyes” y esta autoridad
indiscutible que poseía el patrón. Así comienzan las denuncias de patrones abusivos que violaban el código laboral, las
peticiones de aumento salarial y la expansión de los derechos de propiedad de la tierra.
Los campesinos también comienzan a enfrentar a la autoridad del hacendado a través de los sindicatos rurales. Los primeros
esfuerzos de organización en el campo datan de principios del siglo XX, los cuales no estarán exentos de obstáculos; en
primer lugar, el Presidente Pedro Aguirre Cerda suspendió los derechos de los trabajadores agrícolas a la negociación colectiva
y a la huelga. Luego, en 1948 el presidente Gabriel González Videla decretó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia,
que declaró al Partido Comunista fuera de la ley eliminando así al mayor provocador en la organización de los campesinos,
al mismo tiempo que ponía bajo sospecha a todo activista rural. Aún más devastador, un año antes de proscribir al Partido
Comunista González Videla firmó una nueva ley laboral que despojaba a los sindicatos campesinos de todo derecho efectivo
y ponía en la ilegalidad prácticamente todas las formas de organización laboral. La legislación de 1947 –Ley 8.881- impuso
como requisito que la mitad de los miembros de un sindicato y toda su directiva supiera leer y escribir (Tinsman, 2009, p. 59).
Con esta ley los sindicatos rurales quedaban prácticamente anulados puesto que en el campo el analfabetismo alcanzaba
tasas devastadoras.
Según Andrés Aylwin (2003), hasta el año 1965 estaba sindicalizado menos del 2% de los/as trabajadores/as del agro, en
circunstancias que en otros sectores la agremiación ascendía a cifras superiores al 40%. Así lo confirma Luis Salinas (1985)
en su libro Trayectoria de la organización campesina, en donde expone que entre 1947 y 1964 Chile tuvo solo 14 sindicatos
rurales que contaban con magros 1.647 trabajadores afiliados (citado en Tinsman, 2009, p. 5). Este atrasado desarrollo del
sindicalismo campesino se explicaría por el aislamiento e incomunicación de los/as trabajadores/as agrícolas en un periodo
histórico en que aún no llegaba la televisión e incluso la radio; por lo demás, la mayor parte de las viviendas campesinas
carecía de luz eléctrica. Por otro lado, explica Aylwin (2003):