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BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI
Como consecuencia del marco institucional generado por los referidos
acuerdos, los inversionistas extranjeros han encontrado en México un clima de
negocios favorable que les ha otorgado las certezas legales que requiere su
inversión. Lo anterior es una de las causas que explica el incremento de los flujos
de inversión en México. El flujo promedio anual de inversión extranjera directa
durante el periodo 1994-2011 (19 mil millones de dólares) se multiplicó
más de ocho veces en comparación con el flujo promedio anual observado en
los años ochenta (2,300 millones de dólares), periodo previo a la suscripción
de los compromisos en materia de inversión (véase capítu lo 1 de este libro).
Si bien el establecimiento de garantías mínimas de protección bajo los TLC
y la red de 28 APPRI firmados por México ha contribuido a crear un ambiente
de certidumbre jurídica para inversionistas extranjeros, el mecanismo entre
inversionista y Estado no se ha encontrado al alcance de todos los actores económicos
por igual. Este mecanismo sólo es accesible para los actores con mayor
capacidad económica, debido a los costos que implica un arbitraje internacio nal
de esta naturaleza.
Por las consecuencias monetarias que puede tener un incumplimiento, es
fundamental que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno estén
al tanto de las obligaciones internacionales de México en la materia. De los
siete casos que perdió México, tres fueron en contra de medidas del Congreso,
dos en contra de medidas del gobierno federal y dos en contra de medidas de
gobiernos locales.
Asimismo, es importante encontrar una alternativa para alcanzar soluciones
negociadas con los inversionistas, que puedan reducir de modo significativo
los montos a los que normalmente sería condenado el gobierno mediante
un laudo arbitral, pero que al mismo tiempo estas soluciones convenidas no
se presten a acuerdos entre funcionarios e inversionistas por falsas reclamaciones.
En la actualidad, el gobierno de México sólo puede realizar un pago
cuando éste se exige mediante un laudo arbitral definitivo, incluso cuando
tenga claro desde el inicio del caso que se ha cometido una violación a los compromisos
internacionales en materia de inversión. Deben explorarse alternativas
para que las partes del litigio se arreglen sin tener que sustanciar todas las
instancias con los costos que esto implica en el pago de honorarios y la acumulación
de intereses sobre el monto para resarcir el daño ocasionado, y aclararse
las facultades de las dependencias y funcionarios del gobierno federal
para que el Ejecutivo pueda, en ciertos casos, buscar una solución negociada
que reduzca el impacto económico de un laudo adverso.