El Parlamento Andino y los trabajadores migrantes andinos

Migración laboral
caso de las mujeres, las trabajadoras inmigrantes
presentan porcentajes de trabajo precario significativamente
más elevados que sus pares varones,
aún con los mismos orígenes nacionales (vinculado
a la elevada representación de las trabajadoras
inmigrantes en el servicio doméstico). La autora
agrega que las brechas de ingresos entre nativos y
migrantes son elevadas, aunque son relativamente
más bajas entre quienes tienen baja educación o
realizan actividades no calificadas. De este modo,
los sectores más deprimidos comparten condiciones
de empleo y remuneración desfavorables independientemente
de la condición migratoria. Las diferencias
en los ingresos entre migrantes y nativos
pueden ser explicadas por conductas discriminatorias
hacia los migrantes (Cerrutti, 2009).
Sin lugar a dudas, es importante observar cómo
desde el Estado argentino se enfrenta esta situación,
partiendo de asumir que la regulación del
ingreso, permanencia e inserción laboral de la población
extranjera, así como su acceso a distintos
derechos, es un elemento de incidencia central
para poder entender la situación planteada y ofrecer
solución a los principales desafíos que se están
presentando en este área.
El «nuevo paradigma de política migratoria» en Argentina
La transformación de los marcos normativos y regulatorios
en materia migratoria que se concretaron
desde 2003 a esta parte en la República Argentina,
y los quiebres sustanciales que se plantearon en relación
al tipo de tratamiento político que recibían las
migraciones internacionales en la etapa previa, permiten
hablar del establecimiento de un «nuevo paradigma
de política migratoria en el país» (Nicolao,
2011). La sanción de una nueva ley de migraciones
(Num. 25.871) fue el elemento central de esta transformación,
la cual constituía una verdadera deuda
de la democracia, ya que implicó la derogación de la
antigua ley de facto (Num. 22.439/1981), decretada
durante la última dictadura militar, que violaba la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos.
De modo resumido, la ley 22.439 establecía un mecanismo
de control y persecución a inmigrantes sin
documentos, a quienes se les negaba el acceso a
derechos fundamentales y una vez identificados, se
determinaba automáticamente su expulsión. Asimismo,
la inmigración regional, a pesar de convertirse
en la principal fuente de inmigración del país en los
últimos decenios, no aparecía como destinataria explícita
de esta norma, mientras la inmigración europea,
aunque totalmente agotada, siguió siendo foco
de políticas de fomento (Pacceca y Courtis, 2008)
dirigidas a promover la “homogeneidad étnica” a la
cual aspiraban las cúpulas militares 10 .
Una legislación restrictiva en el acceso a la residencia
legal, sumado a prácticas administrativas discriminatorias
y obstaculizadoras de su tramitación, sobre
todo para la inmigración regional, constituyó una
constante en los últimos decenios del siglo XX. Esto
provocó un incremento exponencial de la población
extranjera en situación de irregularidad, que sólo en
algunos momentos logró apenas descomprimirse a
través de amnistías que llevaron adelante los gobiernos
democráticos de Raúl Alfonsín (1983-1989) y
Carlos Menem (1989-1999). De esta manera, a principios
del siglo XXI, la falta de documentación de una
proporción importante de la población extranjera,
constituía el principal problema migratorio del país,
determinando en gran medida su inserción laboral
precaria y su situación de alta vulnerabilidad.
En 2003, en el marco de la instalación del gobierno
del Dr. Néstor Kirchner, que desde su posesión re-
10
En 1977 se aprobó un decreto (núm. 3938/77) que disponía incrementar “la inmigración extranjera saludable y culturalmente integrable”,
y “promocionar en el extranjero la entrada de inmigrantes calificados, facilitar el ingreso de inmigrantes con capital propio”,
entre otros. Desde esta perspectiva, al igual que en la etapa moderna, se priorizó el arribo de inmigrantes europeos, mientras que los
procedentes de países vecinos no cumplían con el perfil aspirado por el entonces gobierno de facto (1976-1983).
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