Gaceta N° 151 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Gaceta de la CNDHsiones; quien les indicó, en una de éstas, que unapersona de su confianza, de nombre David HernándezMontejo, les apoyaría con informaciónde importancia, pues podría señalar a los presuntosresponsables o ubicarlos, ya que vive en lamisma población; sin embargo, dicho individuono proporcionó dato alguno, asentando que nopodía ayudar por temor a involucrarse en problemasserios, dado que lo habían amenazado.Asimismo, se indicó que elementos de la Coordinaciónde la Agencia Especial de Investigaciónse habían constituido en la población de Suchiapa,Chiapas, para entrevistar a diferentes personas,quienes dijeron desconocer el paradero delos presuntos responsables, ya que tenían tiempode no verlos por ahí.De lo anterior se advierte que los elementosde la Agencia Estatal de Investigación, los cualesestuvieron, en principio, al mando del jefe degrupo de la entonces Policía Judicial del estadoy después de dos jefes de grupo de la AgenciaEstatal de Investigación, dejaron de actuar conformelo establecen los artículos 17 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos;47 de la Constitución local, así como 4o. y51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde Justicia del estado de Chiapas, al no habercumplimentado los mandamientos que ordenó elórgano jurisdiccional del conocimiento, pues seevidenció que no efectuó una investigación adecuadapara atender el mandamiento judicial, yaque, según los informes rendidos, se concretarona localizar y entrevistar al señor David HernándezMontejo, persona señalada por el recurrentecomo aquella que brindaría la informaciónque requerían para la localización de los indiciados;sin embargo, argumentaron únicamente queéste en ningún momento les proporcionó evidenciaalguna sobre el paradero de los presuntos responsables.No obstante lo anterior, el 12 de agosto de 2002el señor Rómulo Llaven López le comunicó alseñor Beltrán Pérez Palacios, jefe de grupo de laAgencia Estatal de Investigación, que los inculpadosse encontraban en el predio invadido, sinexistir constancia alguna que acredite que sehubiere acudido a ese sitio para cerciorarse de loanterior.Cabe añadir que en una sola ocasión se informóhaber entrevistado a diversos vecinos del lugar,quienes se negaron a identificarse y dijeronno conocer el paradero de los indiciados.Por otra parte, en el informe del 25 de junio de2002, el señor Beltrán Pérez Palacios, jefe de grupode la Agencia Estatal de Investigación, argumentóque la inejecución de la orden de aprehensiónse debía a que su “cumplimiento podríagenerar un conflicto de carácter social, pues losindiciados pertenecían a una agrupación simpatizantedel Partido de la Revolución Democrática”,amén de que en ningún momento se pretendióverificar con total certeza que aquéllos seencontraran en la población en cuestión, ni se implementaronacciones para lograr su ubicación.Por todo lo narrado, puede considerarse que,en el caso concreto, los señores Francisco HernándezGutiérrez, jefe de grupo de la entoncesPolicía Judicial del estado, y Abel Rodríguez Maza,Beltrán Pérez Palacios, Martín de Jesús CruzPérez y César Augusto Velasco Díaz, los dos primerosjefes de grupo y los últimos agentes de laAgencia Estatal de Investigación, a la fecha nohan efectuado una investigación eficiente quetenga como resultado la localización y aprehensiónde los individuos en contra de los cuales seha librado un mandamiento de captura. No pasadesapercibido para esta Comisión Nacional quetales servidores públicos informaron que hanimplementado todas las medidas, física y jurídi­100