Gaceta N° 151 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

ArtículosEn la última administración federal del antiguo régimen también hubo un proceso de la misma índoleque benefició principalmente a algunos refugiados urbanos que fueron canalizados por organismosciviles o por la Oficina del ACNUR en México. Sus alcances, empero, fueron limitados.También, al inicio de la administración del Presidente Vicente Fox, el Instituto Nacional de Migraciónemprendió una regularización migratoria, similar a la propuesta que la naciente Comisión Nacionalde Derechos Humanos propuso en 1991. 28 Se requiere, desde luego, un esfuerzo mayor y de más amplioalcance.En efecto, mediante esta medida se conseguiría dar una protección efectiva a la población indocumentadaque por años ha vivido en México. Permitiría al Estado conocer con toda certeza esta poblacióny, de esta forma, se integrarían plenamente en la dinámica nacional. Se desactivaría un potencial de corrupcióny extorsión. La nación, por consiguiente, sería más congruente con sus inveteradas tradicionesde hospitalidad y cumpliría con el espíritu y la letra de varios instrumentos internacionales en la materia.Al respecto, debe recordarse que México fue impulsor de la Convención Internacional sobre la Protecciónde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Esta Convención fue aprobada el 30de noviembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los Estados miembros deeste instrumento se comprometen a velar por la protección de los trabajadores migrantes, independientementede su situación legal en el país. La Convención fue felizmente ratificada por México en 1998.Así pues, esta regularización migratoria debería beneficiar al mayor número de migrantes y refugiados.Para este propósito se pueden señalar algunos elementos que debería contemplar:a) Beneficiar, en primer lugar, al remanente de los refugiados de facto que llegaron a México durantela década de los ochentas y parte de los noventas. El espíritu que propondría esta medidaadministrativa se basaría en la definición actual de la Ley General de Población y de la Convenciónde Ginebra de 1951, aunque su aplicación se haría en retrospectiva. Si por razones detiempo esta población no mereció toda la atención requerida —y no debe argüirse que el problemaera de categoría migratoria, toda vez que la Convención Americana sobre Derechos Humanosy la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, daban ya un marco para abordarlo. Lacobertura de esta medida comprendería a los refugiados de facto que residiesen en el país desde1979 hasta 2002, y cuya llegada al país no fuera inferior a los seis meses, fecha en que sepromulgara la regularización ad hoc. Cualquier documento que diera indicios de que el solicitantereside en el país en el lapso señalado, sería aceptable.b) La Comar y el ACNUR serían las entidades que harían el censo y acopio respectivo de datosde los solicitantes. El derecho o acuerdo correspondiente establecerá si alguno o varios organismociviles de vocación similar estarían autorizados para propósitos semejantes.28Gaceta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 91/8. Ver a este respecto también una nota de El Sol de México, marzode 1991, p. 2 E.61