Ecuador

Mujeres, Empoderamiento y Trabajo Informal en Ecuador
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3.1. Contexto y políticas
En la Constitución de la República de Ecuador
se garantiza el derecho al trabajo y se
reconoce a todas las trabajadoras y los
trabajadores (dependientes o autónomos)
como actores sociales productivos. El artículo
319 establece específicamente que se
reconoce el trabajo autónomo como una de
las formas de organización de la producción
y por lo tanto se garantiza y protege sus
derechos. Asimismo establece la universalidad
de la seguridad social, que incluye a
quienes realizan trabajo no remunerado en
los hogares y toda forma de trabajo autónomo,
y a quienes se encuentren en situación
de desempleo. Si bien la Constitución abre
un marco de posibilidad amplio para el
reconocimiento y la regulación de la multiplicidad
de formas que adquiere el trabajo en
Ecuador, las normativas secundarias y procedimentales,
cuando existen, son polémicas
e invitan a la reflexión.
El artículo 329 de la Constitución reconoce el
trabajo autónomo y por cuenta propia realizado
en espacios públicos y prohíbe toda
forma de confiscación de sus productos,
materiales o herramientas de trabajo. Por otra
parte, a partir del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD) de 2010, se establecieron
las funciones de los Gobiernos Autónomos
descentralizados (GAD) en tanto promotores
de los procesos de desarrollo económico
locales y reguladores del uso del espacio
público. Por lo tanto, la promoción y el desarrollo
del trabajo autónomo estarían regulados
por los GAD.
El Código del Trabajo rige solo a los trabajadores
y las trabajadoras que están en
relación de dependencia. El trabajo autónomo
y por cuenta propia no está regulado ni
por el Ministerio del Trabajo ni tampoco está
bajo la jurisdicción de la política de producción.
A decir de Vásconez (2014), se trata el
“trabajo autónomo como una forma de ‘economía
solidaria’ y las empresas micro y pequeñas están
parcialmente reguladas a través de la superintendencia
de compañías y el servicio de
rentas fiscales, en parte en la política que
regula el sector financiero y en parte como
política de inclusión económica”.
En la ciudad de Quito existe una normativa
específica que regula la venta minorista. En
agosto de 2012, el gobierno municipal de
Augusto Barrera aprobó la Ordenanza n o
0280, que establece el desarrollo integral y la
regulación de las actividades de comercio y
prestación de Servicios de las trabajadoras y
los trabajadores autónomos del Distrito Metropolitano
de Quito. Esta Ordenanza define
al trabajador o la trabajadora autónoma como
aquella persona que realiza actividad de
comercio y prestación de servicios de manera
independiente (sin relación de dependencia de
un tercero) en el espacio público autorizado.
Por la naturaleza de su trabajo estos trabajadores
y trabajadoras se dividen en: fijos,
semifijos, ambulantes, ocasionales y temporales
y en transporte público. La Ordenanza
creó, además, el Sistema de Información de
Trabajadoras y Trabajadores Autónomos
(SITA). Una de las aplicaciones efectivas de
esta normativa estuvo vinculada con los pro-