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110 Douglas Southgate • Jorge Elgegren Instituciones y sostenibilidad: temas ambientales
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reconocimientos de posesión que De Soto promueve de manera activa, es
indudable que la inversión privada podría producirse.
La inadecuada formación de capital y la extendida pobreza generan
diversas consecuencias para el manejo del ambiente, todas ellas negativas.
Por un lado, la recaudación es mínima, lo cual reduce los presupuestos para el
manejo de propiedades del Estado, incluyendo parques y otras áreas protegidas.
Igualmente, el control del acceso a los recursos naturales tiende a ser
esporádico y corrupto, lo cual promueve la invasión de las referidas propiedades
y el respectivo agotamiento o deterioro. En una situación extrema la
caída del control gubernamental es completa, en cuyo caso una situación de
libre acceso a los recursos naturales y la correspondiente sobreutilización de
los mismos causa la desaparición de todos los recursos valiosos, de manera
semejante a lo ocurrido en el pasado con la pesca peruana de anchoveta
(Hartwick y Olewiler 1986). Aunque fueran evitados los peores excesos de
una situación de acceso completo, es poco probable que a los productos y los
servicios extraídos de propiedades del Estado se les asigne un valor o precio
adecuado, en parte debido a los costos en la administración pública, y también
debido a que la provisión de agua, energía y otros recursos naturales
para el público en general a precios artificialmente bajos es con frecuencia un
asunto de política pública.
En países ricos con gobiernos funcionales, al asignarse precios ineficientes
usualmente se genera alguna clase de respuesta por parte de la sociedad civil.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales están adecuadamente
desarrolladas y activas, sobre todo por las generosas contribuciones de
familias adineradas. El activismo no resulta siempre exitoso a corto plazo, tal
como lo demuestra en años recientes el esfuerzo de los conservacionistas por
eliminar el pastoreo subsidiado en tierras federales en el oeste de Estados
Unidos. Sin embargo, el cabildeo sostenido usualmente tiene un cierto tipo
de consecuencias a largo plazo.
El mismo freno en la mala gerencia de los recursos públicos, incluyendo
la ineficiencia en la asignación de precios, resulta siendo más débil en países
pobres. Algunas ONG se benefician de las transferencias financieras de fuentes
extranjeras. De igual manera, las mejoras en la información tecnológica
han reducido drásticamente los costos de monitorear el daño ambiental, y así
se genera presión sobre los responsables de las agencias públicas. No obstante,
en general, el apoyo local resulta insuficiente para la generación de sólidas
instituciones de la sociedad civil. En las regiones donde la mayoría de las
personas son muy pobres, o casi lo son, una participación ciudadana efectiva
constituye un reto aún mayor.
Procesos sostenibles y disfunción gubernamental
en la Amazonía andina
Ni el modelo que ofrecemos de procesos sostenibles ni el del Estado
disfuncional serán analizados aquí con gran detalle. Igualmente, cabe indicar
que la realidad de la Amazonía andina generalmente se localiza en alguna
parte del ciclo positivo graficado en la figura 2 y el colapso total de ese
ciclo representado en la figura 3. Sin embargo, los dos modelos incluyen un
enfoque que permite analizar el tema de la sostenibilidad en Ecuador, Perú
y sus países vecinos.
Desequilibrio en los derechos de propiedad en el Ecuador
En años recientes, las instituciones de la sociedad civil han crecido
sostenidamente en el Ecuador, con las emergentes asociaciones de indígenas
como una fuerza política poderosa. Del mismo modo, las organizaciones
ambientales han gozado de un alto perfil público. Sin embargo, la evidencia
de casos de disfunción gubernamental es abundante.
Tal como Southgate y Whitaker (1994) resaltan en un estudio sobre los
problemas ambientales en zonas rurales del Ecuador, los reclamos de jurisdicción
del Estado ecuatoriano sobre los recursos naturales son, bajo todo punto
de vista, bastante amplios. En efecto, la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) indica que no existe lugar en el mundo
donde las áreas oficialmente protegidas ocupen una mayor porción del territorio
nacional: 43% (WRI 1998: 321).
La gran brecha existente en el país entre lo que el sector público reclama
y lo que realmente puede manejar y cuyo acceso puede controlar, está
ejemplificada por el Parque Nacional de Machalilla, que ocupa 467 kilómetros
cuadrados a lo largo de la costa del Pacífico. A principio de los años
noventa, solamente había 16 guardias y otros empleados trabajando en la
reserva, creada 25 años antes. Resulta innecesario remarcar que los límites
del parque son ambiguos, y que el pastoreo de ganado y el uso de la madera
como combustible por la población, la cual reside en dicho territorio
desde hace miles de años, constituyen una caótica realidad. Se puede sostener
incluso que la protección de Machalilla por parte del Estado aceleró la
degradación ambiental, desde que los usuarios de los recursos, muchos de
los cuales anteriormente tenían propiedades e intereses derivados de las
mismas, consideran en la actualidad al parque como un recurso de libre
acceso (Southgate 1998).