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112 Douglas Southgate • Jorge Elgegren Instituciones y sostenibilidad: temas ambientales
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Donde el gobierno ecuatoriano permite el acceso formal de las propiedades
públicas o vende mercancías o productos ambientales, la subvaloración
de precios constituye una práctica rutinaria. Los beneficiarios de los proyectos
públicos de irrigación pagan una pequeña fracción de los gastos por trasladar
agua a los predios agropecuarios; como resultado de ello, conservar
agua no es financieramente atractivo y la presión política para crear más represas
y canales es enorme (Southgate y Whitaker 1994). Otro ejemplo de la
subvaloración de precios es lo que sucede con el Parque Nacional de
Galápagos. Debido a que los operadores turísticos pagan muy poco por el
derecho a operar en el archipiélago, el cual puede ser muy lucrativo, la presión
a los funcionarios públicos para que otorguen permisos o licencias a
nuevos barcos fue bastante intensa. La mencionada presión disminuyó luego
de que las tarifas aumentaron en 1993 (Southgate 1998).
Otra manifestación del desequilibrio en los derechos de propiedad es la
inadecuada titulación de tierras a las unidades productoras rurales. Un número
reducido de pequeños productores rurales posee la titulación o tenencia
requerida para financiar las hipotecas. Al negárseles el acceso a créditos formales,
difícilmente harán inversiones, incluyendo medidas del control de la
erosión necesarias para contener la degradación de la tierra (Southgate y
Whitaker 1994).
Dado que el acceso a los cuantiosos recursos naturales en el Ecuador es
barato o totalmente libre, la actividad económica en las zonas rurales gira
alrededor de la explotación del ambiente. A largo plazo, los costos de esta
dependencia ambiental son ilustrados por la caída de la industria de los camarones.
El acceso permitido a las tierras de la costa (otro recurso público) a
precios nominales, ha permitido que la industria camaronera construya muchas
hectáreas de pozas, pero a su vez han invertido poco en tecnología
apropiada para la producción y el crecimiento sostenibles. En años anteriores,
la producción cayó fuertemente debido al pobre manejo de las pozas. Se
espera que transcurra un tiempo prolongado antes de que las mejoras tecnológicas
que se vienen implementando en la actualidad conduzcan a una recuperación
de la industria (EIU 2001).
Las ONG ambientales, muchas de las cuales han recibido apoyo de
contrapartes extranjeras y agencias de desarrollo internacionales, han criticado
rápidamente los peores casos de mal manejo de los recursos naturales,
publicitando por ejemplo el caso de exploraciones petroleras no autorizadas
realizadas por la compañía estatal en un parque amazónico en 1993. Sin
embargo, los recursos financieros de la mayoría de las ONG son escasos. Por
ésta y otras razones, sus logros tienden a ser modestos o transitorios. Por tanto,
no puede afirmarse que las ONG han tenido mucho impacto en los problemas
derivados del libre acceso o la subvaloración de precios en el Ecuador.
Participación de la sociedad civil en políticas ambientales en el Perú
En años recientes, las agencias ambientales como el Consejo Nacional Ambiental
(CONAM), así como también las oficinas ambientales de los ministerios
sectoriales —incluyendo los de industrias, energía y minas, y pesquería—
han recibido un apoyo considerable destinado al fortalecimiento de su
capacidad gerencial. Adicionalmente, la sociedad civil ha sido favorecida con
asistencia técnica y financiera para mejorar su participación en la elaboración
y formulación de políticas ambientales. Por ejemplo, las reglas y regulaciones
están siendo prepublicadas en la gaceta nacional. Ello facilita la expresión y
contribución de la opinión pública, como también lo hace la nueva práctica
de las audiencias públicas a través de las presentaciones locales y regionales
de las normas legales ambientales. Más aún, una red de ONG ha sido establecida
para adoptar consensos entre actores no gubernamentales y para promover
el diálogo entre ellos y el sector público. Sin embargo, el Perú se encuentra
lejos del ideal del proceso sostenible descrito en la figura 2.
La creación de tres nuevas áreas protegidas en mayo y junio del 2001
indica claramente que la exigencia del Estado por manejar los recursos naturales
se ha convertido en un fenómeno significativo en el Perú, donde el
sistema de las áreas protegidas abarca 16% del territorio. La capacidad
limitada del Estado para controlar el acceso es ejemplificado por la tala
ilegal en áreas protegidas. Tapia (2001) ha encontrado que han sido extraídos
un total de 378,459 pies de madera de la Reserva Nacional Pacaya
Samiria, durante los pasados cuatro años, cantidad que representa más de
10% del volumen oficial de extracción autorizada de madera en dicha reserva
en el indicado periodo.
Tal como ocurre en el caso ecuatoriano, la subvaloración de precios de
los recursos naturales de propiedad del Estado ha constituido una norma o
práctica también en el Perú. Buendía (1999) ha estimado que la disposición a
pagar por parte de la población con el objetivo de acceder al área recreacional
de la Cueva de Las Lechuzas, es 50% mayor que el actual precio de la entrada.
Para Machu Picchu, la disposición a pagar de los peruanos excede en un
160% la tarifa que ellos deben pagar; para los extranjeros, la diferencia asciende
a 370%. Al malinterpretar los derechos de los consumidores,
INDECOPI, la agencia gubernamental que defiende la propiedad intelectual
y los derechos de los consumidores, falló hace unos años en contra del uso