Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú - Oxfam International

por el propio equipo de defensa legal del acusado.
Solamente después de que el juicio llegó
a su fin, los allegados del acusado –familiares
y seguidores políticos– se embarcaron en
una campaña verbal de descrédito del tribunal.
Eso, por lo demás, es solamente otra muestra
de que el séquito de Alberto Fujimori –trátese
de sus copartidarios con autoridad pública, trátese
de sus seguidores– practica hoy en día el
mismo desdén por la institucionalidad y por las
reglas de juego limpio que caracterizó al gobierno
del acusado.
Más allá de esas previsibles e infundadas acusaciones
de los seguidores de Fujimori, fue
evidente que el tribunal siempre garantizó el
derecho de defensa y se condujo de manera
imparcial. Incluso ofreció al acusado oportunidades
de hacer alocuciones de contenido político,
con lo cual, en rigor, iba más allá de lo que
correspondía según el protocolo procesal que
rige un juicio de esta naturaleza.
Una sentencia justa
El corolario de esa conducta impecable de la
Corte no podía ser otro que una sentencia condenatoria,
la cual ha sido considerada
consensualmente como intachable. Según las
opiniones jurídicas más autorizadas del país,
el fallo del tribunal hace justicia a lo que ocurrió
durante el proceso judicial. En él, la Fiscalía
logró su cometido de demostrar la responsabilidad
de Fujimori por los delitos imputados. La
defensa se confinó por lo general en dos argumentaciones,
ninguna de las cuales bastaba
para convencer de la inocencia del acusado.
Para entender los alcances de esta sentencia,
podría ser instructivo considerar esas dos líneas
de argumentación y las razones por las
que ellas no pudieron debilitar la demostración
de la responsabilidad penal del ex presidente.
La primera estrategia de defensa consistió en
reclamar la presentación de una evidencia
material que conectara a Fujimori con los hechos
criminales. Esa era una exigencia impertinente,
de pretensiones engañosas y de valor
apenas retórico, pues, como es sabido, en crímenes
como los que estaban en cuestión, por
lo general los responsables –funcionarios públicos
del más alto nivel– no dejan huella palpable
de su participación. Cuando un alto jerarca
político o militar encabeza actividades de violación
de derechos humanos, es altamente
improbable que deje detrás de sí órdenes firmadas
en las que se dispongan asesinatos,
torturas o desapariciones. Esa casi imposibilidad
de la evidencia material fue durante mucho
tiempo la gran ventaja de la que gozaron jefes
de Estado y altos mandos castrenses al momento
de enfrentar procesos judiciales por los
crímenes cometidos bajo su autoridad. Pero
esa injusta ventaja ha quedado paulatinamente
borrada por la progresiva evolución del derecho
internacional, sobre todo desde la segunda
mitad del siglo XX.
Por lo menos desde los juicios de Nuremberg
realizados contra los jerarcas nazis al final de
la segunda Guerra Mundial se vio la necesidad,
justicia y pertinencia de elaborar doctrinas penales
que, sin prescindir del derecho de defensa
y la presunción de inocencia, cerraran las
fáciles vías de escape legal a los altos responsables
de crímenes masivos o sistemáticos.
La noción de crímenes contra la humanidad,
germinada precisamente en aquel contexto de
horror posterior a dicha guerra, fue un primer
paso importante, pues llamó la atención sobre
crímenes que por su carácter atroz debían ser
mirados bajo otra luz con el fin de impedir la
impunidad. Con el paso del tiempo, los presuntos
autores de tales crímenes dejarían de
quedar protegidos por barreras procesales
como la prescripción de delitos e incluso el prin-
JUSTICIA Y DEMOCRACIA El juicio a Fujimori: un aprendizaje cívico y moral / SALOMÓN LERNER
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