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Desde el punto de vista de la prevención, existe un histórico profuso en
Organismos, Instituciones y Normativa, culminando en 1995 con la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en 1997 con el Reglamento de los Servicios
de Prevención. Debe mencionarse también la normativa sobre protección de los
trabajadores expuestos a agentes químicos (RD. 374/2001), cancerígenos (RD.
665/1197) y mutágenos (RD. 349/2003).
Desde el punto de vista preventivo, la interrelación entre la Higiene Industrial y
la Medicina del Trabajo ha sido relevante y con cambios profundos en sus
respectivos campos de actuación. En cuanto a la Higiene Industrial, por ejemplo,
el paso de la prevención clásica de la Higiene Industrial (mediante actuaciones
sobre las condiciones ambientales) a la prevención avanzada o actuaciones
sobre instalaciones en fase de proyecto. En Medicina del Trabajo, desde la
clásica prevención reactiva (mediante actuaciones después de las alteraciones
de la salud) a la actual vigilancia de la salud mediante la detección de
alteraciones subclínicas.
El reconocimiento de la enfermedad profesional como riesgo
derivado del trabajo desde 1900 a 1978
Con anterioridad al año 1900 existían medidas reparadoras de las
enfermedades profesionales. Así, en cuanto al hidrargirismo, con la
denominación de “limosnas de Almadén”, desde 1635 se pagaban pensiones a
las viudas y huérfanos de trabajadores muertos en los trabajos de dichas minas
y, desde 1800, a aquellos trabajadores que sufrían lesiones que les impedían
volver a trabajar. También, determinadas disposiciones del Reglamento de
policía minera de 1897 guardaban relación con el riesgo de las enfermedades
profesionales.
El redactado del Reglamento de 8 de julio de 1903 de la Ley de Accidentes de
Trabajo no desarrolló el concepto de enfermedad profesional. Esta
circunstancia motivó, a partir de distintas sentencias de nuestro Tribunal
Supremo, que durante tiempo las enfermedades profesionales fuesen
equiparadas como accidentes de trabajo.
La indemnización es tema de preocupación entre los empresarios, cuando el
Gobierno español ratifica en 1929 el Convenio de Ginebra por el cual se
establece que para los accidentes de trabajo causantes de muerte o
incapacidad permanente se abonarán rentas vitalicias a la víctima o a sus
derechohabientes, en lugar de las indemnizaciones en capital equivalente a un
período de tiempo de salario. Es por ello que la determinación sobre a quién
correspondía la responsabilidad en la indemnización del daño causado originó
diversos fundamentos doctrinales y teorías: asistencial, culpa, inversión de la
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