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de trabajo, deberán vigilar por el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales por estos trabajadores.
3. En el supuesto de que el autónomo deba utilizar maquinaria, equipos,
productos, materiales o útiles proporcionados por la empresa para que
ejecute su actividad profesional, pero la realice fuera de su centro de trabajo,
aquélla asumirá las obligaciones fijadas en el art. 41 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, es decir, deberá recabar a los fabricantes,
importadores y suministradores la información necesaria para la utilización y
manipulación de aquellos elementos sin riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus
obligaciones de información hacia los trabajadores.
El incumplimiento empresarial de las anteriores obligaciones en materia de
prevención implicará asumir las obligaciones indemnizatorias de los daños y
perjuicios ocasionados, siempre que exista relación causal entre tales
incumplimientos y los daños y perjuicios causados. Dicha responsabilidad
recaerá directamente sobre el empresario infractor, con independencia de que
el autónomo se haya acogido o no a la cobertura de las contingencias
profesionales.
Con ello, el Estatuto viene a recoger aquello que el autónomo ya por vía de
responsabilidad extracontractual del art. 1902 del Código Civil podía exigir en el
ámbito civil. No obstante, la imprecisión del precepto legal no permite determinar
el alcance de las obligaciones indemnizatorias, ni si éstas pueden ser objeto de
aseguramiento a través de la correspondiente póliza de seguro pero, dado que
la norma no lo excluye expresamente, dicha posibilidad debería admitirse; o si
pueden abarcar una posible responsabilidad en materia de prestaciones de
seguridad social o la imposición del recargo del art. 123 de la Ley General de la
Seguridad Social, aunque para ello sería preciso el oportuno desarrollo
reglamentario en el marco de la norma que regula el régimen especial de
trabajadores autónomos, así como de la propia normativa general de Seguridad
Social.
Debe puntualizarse que al trabajador autónomo que no tiene asalariados ni
concurre en el desarrollo de su actividad con otra u otras empresas que puedan
contratarlo no le son de aplicación las previsiones de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales ya que no existe para él deuda de seguridad alguna frente a
nadie más que para sí mismo, por lo que no le será exigible ni evaluación de
riesgos, ni plan preventivo, ni vigilancia de la salud.
No obstante, desde el momento en que el autónomo concurre en la actividad
con otras empresas que lo contratan pasan a serle de aplicación inmediata las
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