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Este último conlleva un correlativo deber del autónomo de cumplir con las
obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos
suscritos les impongan y el seguimiento de las normas de carácter colectivo
derivadas del lugar de prestación de servicios, además de cumplir con las
obligaciones de seguridad social, fiscales y tributarias y las normas
deontológicas de la profesión.
Enlazando con el derecho/obligación relativo a la seguridad y salud en el trabajo,
el Estatuto del Trabajador Autónomo establece una serie de previsiones en
materia de prevención de riesgos laborales, lo que tiene una fundamental
repercusión en sectores como el de la construcción, al ser uno de los sectores
con mayor número de autónomos y de los que mayor índice de siniestralidad
laboral presenta, y, por tanto, uno de los ámbitos en que se hacen más evidentes
las necesidades de protección y seguridad de los trabajadores, ya sea por
cuenta propia, ya sea por cuenta ajena pues, en definitiva, asumen los mismos
riesgos unos y otros y, por tanto, las medidas de protección y prevención
requeridas deberían ser las mismas, teniendo en cuenta, además, que en el
caso de un trabajador autónomo la producción de un accidente laboral conlleva
un plus de perjuicio, pues no sólo están las lesiones físicas y las consecuencias
de las mismas incluidas las posibles prestaciones por incapacidad permanente,
sino las propias repercusiones que ello puede tener respecto del negocio del
que es titular, pues puede llegar a implicar en determinados casos tener que
poner fin al mismo.
A fin de hacer efectivos los objetivos sobre protección y seguridad del trabajador
autónomo, en su doble vertiente derecho/deber, el Estatuto viene a exigir una
mayor implicación de las administraciones públicas otorgándoles un papel activo
en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos mediante
la realización de actividades de promoción de la prevención y de vigilancia y
control del cumplimiento de la normativa vigente en dicha materia.
Asimismo, se encomienda a las administraciones competentes la promoción de
la formación en prevención específica y adaptada a los trabajadores autónomos.
Al respecto hay que destacar la muy reciente Resolución de la Secretaría de
Estado de la Seguridad de fecha 7-4-2008 que publica el acuerdo de
encomienda de gestión al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo para el desarrollo de determinadas actividades de prevención durante el
año 2008. Entre dichas actividades a llevar a cabo directamente por aquella
entidad se prevé la elaboración de una guía para orientar a los trabajadores
autónomos y pequeñas empresas sobre el sistema de prevención de los riesgos
laborales.
Pero no es suficiente la intervención de las administraciones públicas para lograr
los objetivos de prevención y seguridad en el trabajo, sino que también es
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