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armonización europea, sin por ello trastocar la organización de la empresa, los
órganos de inspección, etc. que se inició antes de la construcción del Derecho
comunitario en la materia y a que, por otra parte, pueden ir más allá de las
obligaciones de la directiva. Así, los diferentes Estados han optado por
adaptaciones diversas.
De forma resumida, por ejemplo, para la obligación de evaluar el riesgo, según
establece la Directiva marco de 1989, señalamos el estudio comparativo de las
diferentes leyes de adaptación de la Directiva marco (encuesta de Eurogip de
2007, en particular) según el cual las obligaciones relativas a la evaluación
previa de riesgos profesionales se han seguido en los distintos países europeos
de forma bastante homogénea.
Asimismo, la obligación general de evaluar todos los riesgos contra la seguridad
y la salud de los asalariados, y no sólo por lo que respecta a los riesgos
específicos.
Sin embargo, por lo que se refiere a los participantes en la evaluación de
riesgos, la comparación de los derechos nacionales es más compleja y ha
supuesto un problema de aplicación, en particular en el caso de recurrir a
personas o servicios externos.
El artículo 7 de la Directiva marco precisa que: “El empresario designará uno o
varios trabajadores para ocuparse de actividades (…) de prevención de los
riesgos profesionales; si las competencias en la empresa y/o establecimiento
son insuficientes, el empresario deberá recurrir a competencias ajenas a la
empresa y/o al establecimiento”.
Se refiere a los casos en los que las competencias del empleador, de los
trabajadores por él designados o, según proceda, de los servicios de prevención
interna son insuficientes.
Ahora bien, podría haberse interpretado la Directiva de forma errónea y
considerar que deja la elección al empleador de llevar a cabo la evaluación de
los riesgos internamente o de hacer que intervengan competencias externas en
la empresa.
Así, el TJCE consideró en 2003 que la ley neerlandesa no era conforme a las
exigencias de la Directiva europea puesto que autoriza al empleador a decidir
libremente entre la solución interna o externa, mientras que la Directiva prevé
que una empresa debe organizar sus propios servicios de prevención y
protección y que, cuando no tenga posibilidad de hacerlo por sí misma, puede
dirigirse a un servicio externo.
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