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precisa e imprescindible la intervención activa de los propios interesados; es
decir: los autónomos por una parte y, asimismo, las empresas que con ellos
contraten por otra. A tal efecto, el Estatuto establece como medidas, por un lado
la previsión de participación de los autónomos en programas de formación e
información de prevención, y por otro lado, la fijación de una serie de
obligaciones tanto para el autónomo como para las empresas que los contraten
y el establecimiento de consecuencias para el caso de incumplimiento.
En cuanto a la primera de las medidas referidas, la propia ley señala que con la
finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la aparición de enfermedades
profesionales en los respectivos sectores de actividad, las asociaciones
representativas de los trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales
más representativas podrán realizar programas permanentes de información y
formación correspondientes a dicho colectivo, promovidos por las
Administraciones Públicas competentes en materia de prevención de riesgos
laborales y de reparación de las consecuencias de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales.
En cuanto a la segunda de las medidas, el Estatuto establece las siguientes
obligaciones:
1. Son de aplicación a los autónomos y a las empresas que los contratan los
deberes de cooperación, información e instrucción previstos en el art. 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales siempre que se den las
siguientes circunstancias:
a) Que en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades autónomos y
trabajadores de otra u otras empresas.
b) Que los trabajadores autónomos presten su actividad profesional en los
locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten sus
servicios.
A fin de hacer efectivos esos deberes se establecerán los medios de
coordinación que sean necesarios, debiendo adoptar el titular del centro de
trabajo las medidas necesarias para la información e instrucción de los
trabajadores de las demás empresas respecto de riesgos existentes en el
centro de trabajo, de las medidas de protección y prevención
correspondientes, así como de las medidas de emergencia a aplicar en caso
de ser necesarias.
2. Las empresas que contraten con autónomos la realización de obras o
servicios de su propia actividad para desarrollarlas en sus propios centros
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