En el ámbito del <strong>agua</strong>-vida, tratándose de <strong>derecho</strong>s huma<strong>no</strong>s, laprioridad máxima de gobier<strong>no</strong>s e instituciones internacionales debeser garantizarlos con eficacia. El argumento de la falta de recursosfinancieros resulta injustificable, incluso para los gobier<strong>no</strong>s de paísesempobrecidos; y con mayor razón para los gobier<strong>no</strong>s de los paísesmás ricos e instituciones internacionales como el BM. Al fin y al cabo,la «revolución de la fuente pública, potable y gratuita, en la plaza,cerca de casa…» fue desarrollada en mucho países (como el nuestro),cuando eran realmente pobres y ni siquiera existía el BM. El reto <strong>no</strong>fue financiero, si<strong>no</strong> político. Se asumió la responsabilidad públicadel <strong>agua</strong> potable y gratuita en la fuente, como máxima prioridadde la com<strong>un</strong>idad y del Estado; antes incluso que la primera farolay que el asfalto de la calle o de la carretera.Cuando se trata de usos relacionados con actividades de interésgeneral, como los servicios domiciliarios de <strong>agua</strong> y saneamiento, másallá del acceso a esas cuotas básicas que deben considerarse como<strong>un</strong> <strong>derecho</strong> huma<strong>no</strong> (la fuente pública), el objetivo central debe sergarantizarlos a todos, ricos y pobres, bajo criterios de máxima eficienciasocioeconómica. Los principios de equidad y cohesión social,vinculados a <strong>derecho</strong>s de ciudadanía, deben ser promovidos desdela f<strong>un</strong>ción pública. <strong>Sin</strong> embargo, en este caso, j<strong>un</strong>to a los <strong>derecho</strong>sde ciudadanía, deben explicitarse los correspondientes deberes deciudadanía. La aplicación de adecuados modelos tarifarios debeincentivar esa eficiencia socioeconómica, promover actitudes individualesy colectivas responsables, así como garantizar la recuperaciónde costes desde criterios sociales redistributivos.<strong>Sin</strong> embargo, la mayor parte de los caudales extraídos de ríos yacuíferos, <strong>no</strong> cubren f<strong>un</strong>ciones básicas de sostén de la vida, ni sustentanservicios de interés general, si<strong>no</strong> que se dedican a actividadesproductivas. Tales actividades, siendo en su mayoría legítimas, <strong>no</strong>deben caracterizarse como de interés general, y me<strong>no</strong>s vincularsea <strong>derecho</strong>s huma<strong>no</strong>s o ciudada<strong>no</strong>s. Para este tipo de usos, en lamedida que los objetivos son estrictamente económicos, se debenaplicar criterios de racionalidad económica, basados en el principiode recuperación de costes. Se trata, en definitiva, de que cada usuarioresponda económicamente del <strong>agua</strong> que usa, como recurso escaso,sin que en este caso existan razones para introducir subvencionesdirectas ni cruzadas.26
La estrategia privatizadora del BM y de la OMC ha pasado y pasa porla «a<strong>no</strong>rexización» y progresiva desactivación de la f<strong>un</strong>ción públicaa todos los niveles, desde el internacional, al local, pasando por elnacional, para dejar mayores espacios a la gestión basada en el libremercado. Bajo esta presión, se vienen degradando las tradicionalesf<strong>un</strong>ciones del Estado y de las instituciones públicas en general, comoimpulsores de valores de justicia y cohesión social. La deslegitimaciónde la f<strong>un</strong>ción pública, como fuente de ineficiencia, opacidad yautoritarismo, lleva a presentar las políticas liberalizadoras y desreguladorascomo alternativas de modernidad, flexibilidad, eficienciay racionalidad económica.Desde este enfoque, el acceso <strong>un</strong>iversal a servicios básicos deinterés general, como los servicios de <strong>agua</strong> y saneamiento (u otroscomo la sanidad o la educación), tradicionalmente asumidos como<strong>derecho</strong>s de ciudadanía en el llamado «Estado del Bienestar», pasaa considerarse <strong>un</strong>a interferencia del estado que en el ámbito de losservicios económicos que deben ser accesibles a quienes puedan yestén dispuestos pagarlos.La privatización de la gestión de los servicios públicos de <strong>agua</strong>y saneamiento en las grandes ciudades de países empobrecidos oen desarrollo (la privatización de la gestión en pequeñas ciudades yzonas rurales <strong>no</strong> interesa a los grandes operadores), bajo las presionesdel BM, han suscitado <strong>un</strong>a fuerte reacción social, especialmenteen las com<strong>un</strong>idades y sectores más pobres. Esta reacción, ha hechofracasar estas políticas en muchos países (especialmente en AméricaLatina), motivando <strong>un</strong> giro en las estrategias de los grandesoperadores. En los últimos años, la preferencia por los llamados«mercados <strong>no</strong> regulados» (<strong>un</strong>regulated markets) ha dejado paso a lapredilección por los llamados «mercados fiables» (reliable markets),que se ofrecen principalmente en los países de la Europa Oriental,incluida Rusia.Dos son los principales argumentos empleados para justificarlas políticas desreguladoras y privatizadoras en este sector:– Se supone que el sector privado aportará las inversiones necesarias,de las que la Administración Pública carece.27
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