– Se supone que la libre competencia debe promover mayoresniveles de eficiencia y <strong>un</strong> mayor control de los usuarios medianteel ejercicio de sus <strong>derecho</strong>s como clientes.Lo cierto es que la política expansiva de los grandes operadorestransnacionales, en su mayoría europeos, hacia países en desarrollo,<strong>no</strong> se ha distinguido por grandes inversiones privadas en el desarrollode redes e infraestructuras básicas en dichos países. Argentina, el paísen el que se inició la experiencia privatizadora de la gestión urbanade <strong>agua</strong>s en América Latina (al margen del caso, muy específico,chile<strong>no</strong>), constituye <strong>un</strong> claro ejemplo al respecto. Los grandes operadoresapenas aportaron <strong>un</strong>a mínima proporción de las inversionesrealizadas durante estos años que, en su mayor parte, siguieron siendopúblicas. La estrategia empresarial de esos operadores siempre haconsiderado arriesgado y de escasa rentabilidad, realizar inversionesmasivas en infraestructuras básicas. Por ello, en la mayoría de loscasos, el proceso de privatización sólo ha desbloqueado créditosdel BM que, a<strong>un</strong>que se cargan sobre la deuda pública del país, segestionan a través del operador privado.El seg<strong>un</strong>do argumento, que en otros servicios públicos puederesultar válido, <strong>no</strong> lo es en éste. Ante todo, es preciso subrayar que <strong>no</strong>sencontramos ante lo que se de<strong>no</strong>mina <strong>un</strong> «mo<strong>no</strong>polio natural» que,al privatizarse, a lo sumo, admite <strong>un</strong> proceso de competencia «por elmercado», pero <strong>no</strong> «en el mercado». Es decir, a lo más que se puedeaspirar es a la efímera competencia que se genera en <strong>un</strong> concursopúblico. Una vez concesionado, el servicio pasa a ser gestionado enrégimen de mo<strong>no</strong>polio privado por largas décadas, en condicionesdifícilmente revisables y rescindibles. En este contexto, lo que sueleocurrir, en la práctica, es que se reduce la competencia. En efecto,cuando la gestión es m<strong>un</strong>icipal, o se hace desde <strong>un</strong>a empresa públicalocal o regional, la adquisición de nuevas tec<strong>no</strong>logías, los trabajos demantenimiento y modernización, así como otras múltiples accionesespecíficas, suelen ser contratadas acudiendo al mercado, dondecompiten multitud de pequeñas y medianas empresas altamenteespecializadas. <strong>Sin</strong> embargo, cuando el servicio queda adjudicadoa alg<strong>un</strong>a de las grandes transnacionales que dominan el sector, elllamado «mercado de inputs sec<strong>un</strong>darios» (en el que suele radicarmás volumen de negocio que en la gestión misma del servicio) suele28
quedar bloqueado y blindado a la competencia, en la medida queestas empresas disponen de sus propios recursos para cubrir talesnecesidades. El resultado final, paradójicamente, es que se reducela competencia de mercado.En cuanto al control de los ciudada<strong>no</strong>s sobre el operador, através de sus <strong>derecho</strong>s como clientes, tampoco f<strong>un</strong>ciona en este caso.Al respecto, debemos recordar que tales <strong>derecho</strong>s suelen ejercersecambiando de proveedor, en caso de descontento. <strong>Sin</strong> embargo, eneste caso, como ya se ha explicado, esto <strong>no</strong> es posible, ya que se tratade <strong>un</strong> mo<strong>no</strong>polio natural.La pretendida transparencia del mercado frente a la opacidad dela gestión pública es más <strong>un</strong> mito que <strong>un</strong>a realidad, especialmentecuando se trata de gestionar <strong>un</strong> mo<strong>no</strong>polio natural, como es el caso.No debe olvidarse que la gestión privada se ve legalmente protegida,como es natural, por el <strong>derecho</strong> a la privacidad en la información.El que existan problemas de opacidad administrativa, burocraciae incluso corrupción, <strong>no</strong> se resuelve privatizando laadministración pública, si<strong>no</strong> democratizándola. De hecho, enlos países donde estos problemas degradan la vida pública hastaniveles escandalosos, la entrada de operadores privados, lejos deresolverlos, ha tendido a agravarlos, realimentando la lógica delsistema que les acoge.Hoy, incluso en los países con democracias avanzadas, comoocurre en la UE, está vigente el reto de promover reformas de la f<strong>un</strong>ciónpública, que impulsen nuevos modelos de gestión participativa,en los que se garantice la transparencia y <strong>un</strong>a sana competencia através de la información y del contraste público con otros serviciosanálogos. En definitiva, donde la competencia de mercado <strong>no</strong> puedeser operativa, se trata de impulsar la competencia a través de lainformación en lo que se co<strong>no</strong>ce como benchmarking.Pero, lógicamente, los problemas éticos y políticos más gravesemergen en contextos de pobreza, cuando cambiar de ser ciudada<strong>no</strong>a ser cliente equivale a perder <strong>derecho</strong>s básicos que el mercado nireco<strong>no</strong>ce ni tiene por qué reco<strong>no</strong>cer. A este respeto, son oport<strong>un</strong>aslas palabras de Vi<strong>no</strong>d Thomas, director del Banco M<strong>un</strong>dial en Brasil:«Cuando hay riesgo de que se genere <strong>un</strong> mo<strong>no</strong>polio privado,es mejor dejar los servicios en ma<strong>no</strong>s del Estado…» (Folha de SaoPaulo; 21 de septiembre de 2003).29
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