En materia de servicios básicos, la clave está en promovernuevos modelos de gobernabilidad transparente y participativa. Amenudo se conf<strong>un</strong>den los térmi<strong>no</strong>s, desregulación y privatización.Desde la base de asumir la responsabilidad pública sobre este tipode servicios, cabe sin duda, entre otras muchas, la opción de concesionarla gestión de los servicios en cuestión, pero bajo estrictascondiciones de regulación pública que garanticen <strong>un</strong> control efectivode los mismos. No son estas las condiciones en las que el BM vieneimpulsando la privatización en países en desarrollo. Las presionesdesreguladoras que operan, tanto a nivel m<strong>un</strong>dial como en el entor<strong>no</strong>europeo, requieren <strong>un</strong> amplio y prof<strong>un</strong>do debate público,siguiendo el concepto de participación proactiva, asumido por laUE a raíz de la firma de la Convención de Aarhus. La decisión deprivatizar este tipo de servicios <strong>no</strong> debe decidirse como <strong>un</strong> as<strong>un</strong>toadministrativo más en los despachos de alcaldía o de los equipos degobier<strong>no</strong> a nivel regional o estatal. Incluso el debate en plenariosm<strong>un</strong>icipales o parlamentarios resulta insuficiente. En la medida quese trata de decisiones que afectan a <strong>derecho</strong>s ciudada<strong>no</strong>s, e inclusoa <strong>derecho</strong>s huma<strong>no</strong>s, por períodos de varias décadas, tal y comorecomienda la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua,sería necesario abrir amplios debates públicos que culminen, en sucaso, en referéndum.Hoy, más allá del reco<strong>no</strong>cimiento formal tradicional del dominiopúblico sobre las <strong>agua</strong>s y los ecosistemas hídricos, <strong>no</strong>s encontramosante la necesidad de reflexionar sobre los retos que imponen, tanto elnuevo paradigma de sostenibilidad, como la obligación de garantizarel acceso al <strong>agua</strong> potable como <strong>derecho</strong> huma<strong>no</strong>, y la necesidad dedesarrollar <strong>derecho</strong>s de ciudadanía global, que incluyan los serviciosdomiciliarios de <strong>agua</strong> y saneamiento.Asumir en materia de gestión de <strong>agua</strong>s los principios de equidadinter e intrageneracional, refuerza la necesidad de replantear eldominio y la gestión pública o com<strong>un</strong>itaria sobre los ecosistemashídricos y los acuíferos, desde nuevos enfoques que garanticen, por<strong>un</strong> lado, la prioridad de sus f<strong>un</strong>ciones de vida y los <strong>derecho</strong>s huma<strong>no</strong>s,y por otro lado, los <strong>derecho</strong>s de las generaciones futuras. Peroal tiempo, garantizar <strong>derecho</strong>s de ciudadanía básicos, como el accesoa servicios domiciliarios de <strong>agua</strong> y saneamiento de calidad, exigeincentivar la responsabilidad ciudadana y la eficiencia ecosocial en30
la gestión del <strong>agua</strong>-ciudadanía, diseñando y desarrollando nuevosmodelos de gestión pública participativa.Más allá de los conflictos derivados de la oposición social a losprocesos de privatización, se abre <strong>un</strong> frente conflictivo, o cuandome<strong>no</strong>s polémico, en el ámbito tarifario de la propia gestión pública.La llamada «guerra del <strong>agua</strong>» de Barcelona fue <strong>un</strong> ejemplo paradigmáticoal respecto. Asumir que los <strong>derecho</strong>s de ciudadanía deben irindisolublemente <strong>un</strong>idos a los correspondientes deberes de ciudadaníaexige <strong>un</strong> cambio cultural y sociopolítico <strong>no</strong>table, especialmenteen el m<strong>un</strong>do lati<strong>no</strong>. Tal cambio <strong>no</strong> puede conseguirse por decreto,si<strong>no</strong> que exige <strong>un</strong> amplio proceso de sensibilización, concienciacióny responsabilidad ciudadana que sólo puede desarrollarse desde <strong>un</strong>proceso de participación ciudadana proactiva.Podemos concluir, en definitiva, que la conflictividad suscitadapor las presiones privatizadoras del modelo neoliberal promovidopor las instituciones económico-financieras internacionales tienesu eje clave de resolución en el diseño y desarrollo de nuevos modelosde gobernabilidad participativa desde los ámbitos locales yregionales, en <strong>un</strong> marco de globalización que debe garantizar los<strong>derecho</strong>s huma<strong>no</strong>s y desarrollar la condición de ciudadanía globalque propone la Carta de la Tierra. <strong>Sin</strong> embargo, difícilmente se conseguirá esa gobernabilidad participativay sostenible si <strong>no</strong> se aclara el modelo de gestión a aplicar al<strong>agua</strong>-crecimiento, que <strong>no</strong> olvidemos, genera la mayor parte de losconsumos y de los procesos de contaminación.Ante todo es preciso aclarar que <strong>no</strong> todas las actividades productivasdeben considerarse como simples negocios. <strong>Sin</strong> duda, enmuchos lugares del m<strong>un</strong>do, determinadas actividades agropecuarias,vinculadas a <strong>derecho</strong>s ancestrales o históricos sobre recursos hídricos,son esenciales para el sostenimiento de com<strong>un</strong>idades indígenas otradicionales, y por tanto deben protegerse como usos y <strong>derecho</strong>svinculados al ámbito del <strong>agua</strong>-vida.En países desarrollados, existen también actividades económicasque generan beneficios socioambientales <strong>no</strong> valorados por el mercadoy que, sin duda, merecen el reco<strong>no</strong>cimiento de la sociedad como31
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arrios más ricos, con más consumo
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