Descargar - Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

SEMINARIO INTERNACIONAL, TERRORISMO Y ESTÁNDARES EN DERECHOS HUMANOSal igual que la concurrencia del delito. En otras palabras, debe probarse que concurren los elementos quelo hacen tal y queda sometida a la decisión del intérprete, partiendo como se dijo reiteradamente porel Ministerio Público que es el que sostiene esto. Pero hay alguien que lo califica antes, cuando lo utilizacomo medio de presión, cuando lo utiliza como medio de intimidación. Normalmente es el gobierno, losquerellantes o cualquiera que lo califique así. En tales condiciones resulta evidente que con esta ley paracuya configuración las autoridades de gobierno, los querellantes, el Ministerio Público y los jueces han deinterpretar los antecedentes, sin que se llegue a una conclusión unívoca. Con ello entonces afirmo quecon este método se vulneran los principios de legalidad y tipicidad que son fundamento básico de nuestraCarta Fundamental que exige la descripción básica típica previa en materia penal. Esa es una conclusiónque para mí no admite duda. Se violentan y se vulneran principios de tipicidad porque no están descritoen la figura, hay que buscarlos, establecerlos.En el segundo aspecto de nuestro enfoque, y en lo procesal, nos atrevemos también a anunciar que porlo mismo antes dicho, agregando el tratamiento que durante el proceso habrán de tener los imputados,testigos y peritos, se atenta contra el principio de igualdad y no discriminación. Ello básicamente porquela experiencia nos dice que se utiliza como un arma de amedrentamiento para la persecución deresponsabilidades penales en hechos que, claramente, no son terroristas, si no que obedecen a movilizacionessociales en que se reclaman derechos o reivindicaciones por persona o grupos que los estiman legítimos.Por tanto, requeribles y exigibles.Creo que esta es nuestra realidad. De hecho en mi experiencia profesional, especialmente en la CorteSuprema, la ley antiterrorista se ha aplicado además del “Caso Bombas”, solo con ocasión de lasprotestas y delitos comunes cometidos por el pueblo mapuche, de lo que yo recuerdo en cuantoa la aplicación de la ley antiterrorista y de las consecuencias. Del camino tortuoso que deben recorrer nosolo los imputados, sino también los testigos y toda la gente que circula alrededor.Recuerdo dos casos. Uno, un recurso de amparo que se vio en la Corte Suprema el 28 de diciembre del2010. Allí ocurrió lo siguiente: había un señor llamado José Huenchunao Mariñán condenado a diez añosy un día por el delito de incendio terrorista. Diez años y un día, ¿de dónde salía la pena? El establecimientodel delito ya lo sabemos: es uno de los delitos comunes que está en el artículo segundo, que algunosllaman delitos base y entonces como se utilizó fuego y explosión se le da el carácter de delito terrorista.Entonces, ese delito se castiga, de acuerdo con la ley común pero aumentada en uno, dos o tres gradosporque es terrorista. Este delito está penado en el artículo 476 número 3 del Código Penal con presidiomayor en cualquiera de sus grados, esto es cinco años y un día a veinte años. Esa es la penalidad. Entoncesel juez al momento de aplicar la pena tiene que someterse a analizar la figura de la persona; quién es;del delito, la participación y todas las circunstancias que modifiquen la responsabilidad de él. Una vez quehace esto modifica la pena base. En este caso el señor Huenchunao probable que tenía conducta anterior116