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SEMINARIO INTERNACIONAL, TERRORISMO Y ESTÁNDARES EN DERECHOS HUMANOSel Poder Ejecutivo dentro de la iniciativa o la voluntad de descomprimir este conflicto se comprometió adesistir de la aplicación de la ley antiterrorista. Claramente la voluntad del Ejecutivo no fue la mismade la del Ministerio Público quien persistió en aplicar esta norma de excepción pero creo que hay quellamar la atención frente a un pequeño sabor amargo que les dejó tanto a las personas privadas delibertad, a sus familias como a los observadores. Es decir, el Ejecutivo se comprometió a no aplicar la leyantiterrorista. Lo dijo, fui testigo y lo vi en el juicio de Cañete, somos testigos. Decían los abogadosdel Ministerio del Interior que esto no es un delito terrorista pero igual solicitaron penas, se presentarona los alegatos en la Excelentísima Corte Suprema y el sabor amargo que deja esto es que para elesclarecimiento de esos hechos que derivaron en las penas que ya mencionó el ministro Dolmestchestuvieron aperados de todas las ventajas procesales que concede la ley antiterrorista. Ese es un saboramargo que dejó y evidentemente no sirvió para descomprimir el conflicto.El Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el Informe Anual del año 2010, alineado con el sistema universale interamericano de derechos humanos, con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el RelatorEspecial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas pudo coincidir en que efectivamente elEstado de Chile tiene una deuda pendiente con los derechos humanos en torno a poder igualar los estándares de laley antiterrorista con los estándares que provienen del sistema de protección universal e interamericano.En conclusión, existen tres puntos que son bastantes destacables. Mantiene una deficiente definición dedelito terrorista que vulnera los principios de legalidad y tipicidad, esto ha sido dicho en todos los paneles.Establece normas excepcionales que afectan el derecho al debido proceso y en su aplicación práctica seobserva un patrón de conducta que violenta el principio de igualdad y no discriminación por su invocaciónpreferente y selectiva a grupos discriminados por la sociedad. No es casual que estos dos casos que, deuna u otra forma, tuvieron una génesis parecida. En uno se aplicó a comuneros mapuche que estaban porla reivindicación histórica de sus tierras, su cultura, etcétera y en otro -un punto que nos parece bastanteimportante señalar y no se ha dicho hoy día- que gran parte de las pruebas incautadas constituían libros,o sea, había una persecución de ideas y también genera un punto de conflicto al momento de optar elórgano persecutor o por la norma común o por la legislación especial.En este mismo orden de ideas también se pronunció la sociedad civil, muchas organizaciones nogubernamentales y finalmente el informe anual elaborado por la Universidad Diego Portales.En segundo término, yendo a la modificación de la Ley 18.314, quizás como primera idea y es quizástambién una gran conclusión, las modificaciones sufridas a la ley antiterrorista en octubre del año 2010 enningún caso lograron superar la tensión de la legislación doméstica con la legislación internacional, es decir,está muy lejos de cumplir con los estándares. ¿Por qué? Porque en definitiva la definición de conductaterrorista continúa siendo imprecisa, esta descripción imprecisa de esta conducta no permite para quien lainterpreta poder distinguirla de otros delitos. En el caso de los comuneros mapuche, de los tres jueces que123