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SEMINARIO INTERNACIONAL, TERRORISMO Y ESTÁNDARES EN DERECHOS HUMANOSEstas condenas fueron parte de un proceso más amplio seguido contra 17 integrantes del pueblomapuche acusados, entre otros delitos, de incendio terrorista; asociación ilícita terrorista, robocon intimidación, homicidio frustrado y atentado contra la autoridad. Salvo los cuatro comunerosseñalados, todos los demás fueron absueltos tras un largo periodo en que estuvieron sometidos a prisiónpreventiva.El INDH hizo seguimiento al juicio que condenó a los cuatro comuneros con el objeto de verificar elrespeto al cumplimiento de las garantías del debido proceso, el principio de igualdad y no discriminaciónsobre la base de pertenencia étnica y las condiciones carcelarias que cumplían bajo prisión preventiva loscuatro sometidos a proceso. En el recurso de nulidad interpuesto ante la Corte Suprema por la DefensoríaPenal Pública por la condena de estas personas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó unamicus curiae dando a conocer las razones jurídicas que apoyaban la moción de nulidad, amparadas, porcierto, en los principios y garantías del derecho internacional de los derechos humanos y en el ordenamientojurídico interno.La Sala Penal de la Corte Suprema acogió parcialmente la nulidad y dictó una sentencia de reemplazo querebajó ostensiblemente las penas en un marco de declaraciones realizadas por el presidente de la CorteSuprema, Milton Juica, que señaló: “nuestra posición en general es crítica respecto a que exista una leyantiterrorista en nuestro sistema democrático debiese ser corregida, modificada y atenuada en sus efectosy asegurar el debido proceso, es decir, que todos los procesos sean de la misma manera para todos losjusticiables”.Las cuatro condenas fueron dictadas en el contexto de una segunda huelga de hambre iniciada en marzodel 2011 y que se mantuvo por un periodo de ochenta y siete días, finalizando con motivo de la creaciónde la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, conformada por un representante de la IglesiaCatólica, familiares de los mapuche encarcelados y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. LaComisión tuvo entre sus objetivos promover una reforma efectiva de la Ley 18.314, de manera que seajuste a los estándares internacionales, y analizar las obligaciones que debe cumplir el Estado de Chile enmateria de reclusión de personas pertenecientes a pueblos indígenas de conformidad a lo establecidoen el artículo 10 de del Convenio 169 de la OIT. Se propuso, para avanzar en este objetivo, un plazo denueve meses y un sistema de audiencias públicas en diferentes zonas del país para que, junto a un trabajocon autoridades y parlamentarios, diera a luz a una nueva modificación de la ley. Estamos en eso.De igual manera, en el año 2010 y con gran despliegue comunicacional y mediático, se inició el llamado“Caso Bombas” que procesó a dieciséis personas por conductas terroristas consistentes en la detonaciónde artefactos explosivos contra propiedad privada y pública. De ellas catorce quedaron sometidasa prisión preventiva. Nuevamente el Instituto realizó misiones de observación en las audienciaspreparatorias y de formalización, denunció la improcedencia de su aplicación para el caso y laincompatibilidad de la ley con las garantías que debe otorgar el Estado en materias de debido proceso.14