PLAN DE DESARROLLO 2004-2011 SANCIONADO - Incoder

La seguridad para la vida, la paz y la convivencia debe ser no solo totalmente legal sino también socialmente legítima y por
ello, junto con el ejercicio estatal de la autoridad, que implica el fortalecimiento de la fuerza pública y de los organismos de
justicia, debe simultáneamente implementarse un conjunto de acciones que atienda la complejidad de la situación social,
política, económica, cultural y ambiental que vive en esta hora el Departamento.
Será prioridad en la agenda de paz, liderar la coordinación interinstitucional con la nación, los municipios, el Sistema de
Naciones Unidas e instituciones de cooperación internacional, con el fin de hacer frente a la situación de crisis humanitaria,
y atender y acompañar a las víctimas del conflicto en los procesos de verdad, justicia y reparación, brindando especial
atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Particular preocupación se tendrá con la eficiente aplicación de las políticas, estrategias y acciones encaminadas a la
prevención del desplazamiento, la atención humanitaria, la protección y restitución de derechos, la estabilización
socioeconómica y el fortalecimiento de las organizaciones de la población en situación de desplazamiento.
En la atención a la crisis humanitaria y, en particular del desplazamiento forzoso, se aplicará el enfoque de recuperación
temprana, entendido éste como “el proceso que conecta la ayuda de emergencia con el desarrollo y una herramienta que
introduce principios de desarrollo en la fase de emergencia”. (PNUD 2008: 60)
La promoción y respeto de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, no sólo entre los
funcionarios públicos, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, sino en el conjunto de la
población nariñense, constituye una de las condiciones para avanzar en una política pública de paz y en la humanización
del conflicto.
En este último aspecto será del mayor interés humanitario implementar un conjunto de acciones encaminadas, por una parte
a fortalecer la habilidad de los individuos y comunidades para vivir en territorios minados y, por otra, a mejorar la capacidad
institucional para prevenir los accidentes con minas y para asistir y atender las víctimas de estos artefactos; el impulso al
desminado humanitario por parte del Estado, debe complementar las acciones en este campo.
Las acciones interinstitucionales encaminadas a la protección de personas amenazadas, la búsqueda de personas
desaparecidas y la lucha contra la trata de personas, harán parte también de la agenda en materia de respeto a los
Derechos Humanos.
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