2. patrimonio industrial en pasaia: defensa y difusión

96 I
Vista nocturna
de los almacenes.
Archivo fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de Pasajes.
ca, optando, sin duda, por esta última. En concreto, se inclinaba por
un macizo de forma trapecial que viniera a unir los muelles de Antxo
y trasatlántico. Las dimensiones escogidas eran de 100 metros de longitud
para el muelle del lado este, 128 para el del oeste y 100 para el
del norte o de cabecera. Por lo demás, en este muelle avanzado se instalarían
unas vías de servicio, unos tinglados y unos almacenes 38.
Este proyecto fue aprobado por Real Orden de 7 de diciembre de
1888, iniciándose su construcción por la firma “Wolker & Boss” en
mayo de 1891, cuando para entonces Peironcely había abandonado
la empresa. En efecto, transcurridos algo menos de cuatro años a su
servicio, Ramón Peironcely solicitó volver a ser dado de alta en la
escala correspondiente del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. No
sabemos exactamente la razón por la que abandonó la Sociedad
General, pero lo cierto es que coincide con un momento de aumento
de la tensión entre los altos cargos de la misma y la Diputación
Provincial de Gipuzkoa. Tal vez este empeoramiento de la situación
pudo haber influido en su decisión de cesar en sus servicios a la compañía.
Sea como fuere, lo cierto es que por Real Orden de 6 de octubre
de 1890 se le concedió el reingreso en el servicio del Estado, siendo
destinado seguidamente a la provincia de León. De hecho, y por lo
que al muelle avanzado se refiere, hubo que esperar hasta 1894 para
que se terminara la construcción de los muelles y terraplenes, quedando
en suspenso la ejecución de las vías, tinglados y almacenes
precisamente por esa grave crisis mencionada 39.
El citado accidente ocurrido en la primera sección del muelle trasatlántico
y los problemas técnicos surgidos en la ejecución de las
nuevas obras hicieron que las obras del segundo grupo no estuvieran
terminadas para el 30 de junio de 1889, tal y como estaba previsto. La
Sociedad entonces se vio obligada a solicitar una prórroga de cuatro
años más, algo que le fue concedido por la Diputación 40. De esta for-
ma, el nuevo plazo se fijaba el 30 de junio de 1893. Pese a esta concesión,
las obras no avanzaron al ritmo previsto a tenor de los expuesto
a finales de 1889 por Ramón Usabiaga, diputado provincial y
miembro del consejo de administración de la Sociedad como delegado
de la Diputación, quien advertía a esta institución de que para esa
fecha aún restaban muchas y muy importantes obras por realizar, instando
a la Diputación a que se dirigiera al presidente de la Sociedad
para que reanudara la ejecución de las mismas a fin de que éstas estuvieran
finalizadas en el plazo previsto 41. El encargado de despejar
estas dudas y de insistir en la buena marcha de las obras y de la propia
Sociedad fue el mismo barón de Ezpeleta 42. Su discurso fue ciertamente
convincente, pero no fue suficiente para impedir el conflicto
entre la Sociedad General y la Diputación Provincial de Gipuzkoa,
toda vez que para el 30 de junio de 1893 las obras no estuvieron terminadas.
Tal es así que la Diputación, por acuerdo del 28 de abril de
1893, rescindió la concesión y denegó la prórroga de cuatro años
solicitada por la Sociedad General. A esos años anteriores de bonanza
económica en los que se pudo distribuir dividendos de más un 7%
al capital desembolsado por los accionistas e intereses del 2% a los
propietarios de acciones de beneficio sucedió a una etapa denominada
“calamitosa” por Javier Marquina, en la que sólo se invirtieron en
obras 433.651 pesetas 43. En concreto, estaríamos hablando de un
periodo de fuerte enfrentamiento entre ambas partes que por haber
sido analizado en otro estudio no nos vamos a detener en él 44.
Sólo nos interesa señalar que al final la Sociedad y la Diputación
lograron llegar a un acuerdo en la junta general extraordinaria de
accionistas celebrada el 30 de diciembre de 1901 45, en virtud del
cual la Diputación se comprometía a suministrar los recursos necesarios
para la finalización de las obras del segundo grupo, para lo cual
la Sociedad haría una emisión de 1.200.000 pesetas en obligaciones
de 500 pesetas nominales, cuyo interés y amortización garantizaría la