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128 Defendiendo el derecho humano a la vida en Latinoamérica
El derecho a la vida fue reconocido por la Declaración, junto con el derecho
a la libertad y a la seguridad personal (artículo 3). Pero de nada servía enunciar
una larga lista de derechos considerados esenciales, si no se partía del reconocimiento
irrestricto de la igualdad de todos los hombres, reconocimiento que
asegurara el goce de todos los derechos a todas las personas sin discriminación
alguna (artículos 1 y 2).
Por ello, recae sobre los Estados el deber de respetar y garantizar los derechos
humanos sin discriminación y, en particular, el derecho humano a la vida,
en tanto derecho preeminente sin el cual no puede existir ningún otro derecho.
No se trata de un deber impuesto arbitrariamente, sino del reconocimiento de
la misión esencial y primaria de todo Estado, que es, el respeto y promoción del
hombre, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas.
El presente artículo analiza el marco normativo del derecho a la vida en
la República Argentina, reflejando la importancia que tiene su reconocimiento y
respeto sin discriminación; no sólo por su carácter esencial y naturaleza trascendente,
sino principalmente porque de la garantía de su goce y ejercicio, dependerá
la vigencia de la libertad personal de todos los hombres y mujeres que hoy viven
en un Estado democrático de derecho.
II. El derecho humano a la vida
A. Organización política y legal de la República Argentina como Estado
democrático de derecho.
Un Estado democrático de derecho es aquel Estado que subordina el
ejercicio de su poder a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente,
garantizando a sus habitantes un ambiente de respeto absoluto a la ley y de
garantía de cumplimiento de los derechos reconocidos.
Se trata de un Estado garante de la persona humana, que consagra y respeta
aquellos derechos considerados esenciales que se fundan en la dignidad
del hombre.
En este contexto, y teniendo al hombre como fundamento y fin de su organización
política y legal, el Estado Argentino ha adoptado para su gobierno la
forma representativa republicana federal. 2 Esto es, ha consagrado una forma de
estado federal, caracterizada por la descentralización territorial del poder y por la
existencia de regiones relativamente autónomas –denominadas provincias– que
2 Conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Nacional.